El maltrato a la policía parece ser una costumbre que trasciende gobiernos y partidos.
En el imaginario colectivo, las instituciones de seguridad y justicia, policías, peritos, ministerios públicos, incluso los médicos legistas, encarnan el significado de la palabra corrupción, ineptitud e ineficiencia.
Con niveles de incidencia delictiva elevados, tasas de impunidad que llegan a un 98-99%, es difícil argumentar sobre el profesionalismo de nuestras instituciones de seguridad y justicia, aún más si hemos vivido en primera persona la corruptela, la revictimización o el maltrato de esos mismos servidores públicos.
Pocos reflexionan seriamente sobre porqué las instituciones de seguridad y justicia son ineficientes, ineficaces, toleran la corrupción y vulneran los derechos de las personas.
Si algunos países han demostrado que se puede vivir sin fuerzas armadas, ninguno ha podido subsistir sin un aparato de seguridad y justicia. Por ello, la crítica al desempeño de las autoridades en esta materia debe acompañarse del entendimiento de la problemática y las soluciones.
¿Por qué nuestras autoridades parecen incapaces de abatir la incidencia delictiva y mejorar el acceso a la justicia? Porque el aparato institucional no está diseñado para atender el problema, no hemos destinado los recursos suficientes y la política de seguridad está sujeta a los intereses políticos de los gobernantes.
Para atender un problema debemos conocerlo claramente, poderlo definir, diagnosticar objetivamente. Esto nos debe llevar a un plan de acción que distinga lo ideal de lo posible y, que contemple los recursos necesarios y suficientes para atender el problema.
Si el interés es atender al colectivo, el plan no debe permitir que haya individuos o grupos por encima de la ley, y debe obligar a que los recursos se apliquen como y donde se requieren.
Los planes deben ser de larga visión y a los gobernantes les tocará entender que un cambio de gobierno/partido, no debe poner en riesgo la sustancia de la construcción institucional.
En nuestro país se hace exactamente lo opuesto: Se diagnostica según la conveniencia y se deja de escuchar a expertos; los recursos destinados son pocos y mal usados, absolutamente insuficientes para atender el problema; no se evalúa objetivamente por lo que no sabemos qué sí y qué no funciona; cada gobernante parte del principio de que las políticas e instituciones que recibió eran un desastre y por ello destruye antes de consolidar.
De esta manera, policías, peritos, ministerios públicos son un número por mucho, inferior a lo que necesitamos. Les pagamos poco y les pedimos que trabajen muchas horas, los equipamos mal, los capacitamos mal, y en su tiempo libre no los supervisamos, no sancionamos las malas conductas, no premiamos a los buenos servidores públicos, no definimos perfiles profesionales sobre la base de necesidades, no les explicamos qué esperamos de ellos y, por ende, no pueden autoevaluarse objetivamente, los instruimos a que acaten procesos y protocolos que son incumplibles.
Dicho de otra manera, simulamos que vamos a resolver un problema sin que le hayamos destinado lo necesario, usamos a los servidores públicos como carne de cañón y quienes pagan las consecuencias son las decenas de miles de víctimas que mes a mes sufren la debilidad de Estado.
Hay muchos policías, peritos y ministerios públicos corruptos ¡indudablemente! No obstante, son más los servidores públicos que ante salarios bajos y condiciones laborales adversas, dedican su vida para prevenir la ocurrencia de delitos y darle acceso a la justicia a las víctimas.
Ante la crisis que vive el país, debemos exigir que cese la simulación, que definamos un camino claro -sin sesgos políticos- para recuperar la paz, que destinemos los recursos necesarios y comencemos a tratar con la dignidad y el respeto que se merecen a nuestros cuerpos de seguridad y justicia, que es exactamente lo opuesto que este gobierno ha decidido hacer.
El gobierno federal carece de estrategia, recortó un 10% comparado con el año anterior, los recursos totales destinados a la seguridad, y humilla con dichos y hechos a los policías de este país.
Si no hubiese sido suficiente que el presidente López haya denostado por meses a Policía Federal, permitido su desarticulación, reducido salarios, prestaciones y omitido entregar viáticos, ahora el titular del Instituto Nacional de Migración critica a los policías que exhibieron las condiciones infrahumanas en las que fueron enviados a Chiapas para atender la crisis migratoria.
El señor Francisco Garduño, titular del INM, en vez de solucionar la situación en la que viven los policías, los criticó y adornó la crítica con mentiras.
Le propongo al señor Garduño que intercambie por un mes el salario, prestaciones, horarios, condiciones laborales, peligrosidad laboral, con uno de esos policías que él llamó fifís, a ver si sigue opinando lo mismo o tan siquiera aguanta un par de días.
Este gobierno recibió una crisis de seguridad sin precedentes, las acciones emprendidas hasta el momento han empeorado lo que pensábamos que no podía empeorar. Sin rumbo, recortando dinero, falseando indicadores, disculpándose con mentiras y maltratando a los policías del país, están logrando que las promesas hechas en campaña no se cumplan y que este sexenio rebase a los anteriores en materia de violencia.
Director general del Observatorio
Nacional Ciudadano. @frarivasCoL