Tras el primer trimestre más violento desde que existen registros de incidencia delictiva, es natural reflexionar y evaluar el rumbo que tiene el país en materia de seguridad y justicia.
Si bien es importante partir de la premisa de que las actuales condiciones de alta incidencia delictiva son en parte, efecto de un proceso de comportamiento al alza que lleva dos años y medio en una escalada sin precedentes, es importante conocer cómo las actuales autoridades pretenden enfrentar el cúmulo de retos que significa recuperar niveles aceptables de seguridad.
Por ello, y con miras a los cambios de gobierno que enfrentaba el país, ya desde 2018 en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) llevamos a cabo el ejercicio denominado Por un México Seguro, que pretendía entender el diagnóstico del que partía cada uno de los entonces 55 candidatos que buscaban ocupar el cargo de titular del ejecutivo federal o de titular del ejecutivo de uno de los 9 estados en contienda.
La metodología establecía que cada candidato respondiese a 258 preguntas que desglosaban el proceso a través del cual, del diagnóstico, pasarían a la cristalización de la visión que cada uno tenía para el final de su gobierno en 2024.
El cuestionario incluía preguntas sobre presupuesto, transformación y fortalecimiento institucional, cambios en el marco regulatorio y solicitaba que cada candidato expresase qué retos tendría que enfrentar en caso de ser elegido.
Por parte del ONC hicimos llegar a los candidatos y dimos a conocer a la opinión pública, los escenarios de riesgo que cada entidad enfrentaba, cuáles eran las tendencias delictivas, dónde se encontraban los focos rojos de crisis y cuáles eran los pronósticos.
En su momento, lamentamos una baja participación de los candidatos, su desconocimiento en la materia y la ambigüedad de las respuestas. La mayoría contestó con un “por definir” temas que debían ser básicos para enfrentar los problemas una vez electos.
El próximo 22 de mayo presentaremos una actualización de los escenarios de riesgo que deben enfrentar las nuevas administraciones, así como un análisis de la evolución de las políticas públicas y líneas de acción que han definido para atender la falta de seguridad y mejorar el acceso a la justicia.
Ante ello, le pedimos a cada uno de los gobernadores que respondiesen un nuevo cuestionario para entender si la entidad que recibió se encuentra en iguales, mejores o peores condiciones de lo que contemplaba en su diagnóstico inicial, cómo enfrentará la problemática de la procuración de justicia, del sistema penitenciario, de las policías; cómo construirá procesos de articulación con otros gobiernos para combatir los delitos y qué acciones llevará su gobierno en materia.
Para este ejercicio, debido a los terribles acontecimientos que han sucedido en Puebla, decidimos no incorporar a la entidad.
Lamentamos decir que sólo tres autoridades accedieron a rendirle cuentas a la sociedad y de manera transparente explicaron qué piensan hacer y cómo pretenden actuar ante la problemática de seguridad. Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Veracruz no aceptaron participar.
Los casos de Tabasco y Veracruz son los más preocupantes pues, por un lado, son entidades que viven una crisis de seguridad y, por otro, simplemente las autoridades responsables nos contestaron “que no tenían la información solicitada”. Este tipo de respuesta es un tanto desconcertante, ya que puede referir a dos tipos de escenarios: no quieren transparentar ni rendir cuentas o bien, aún no tienen claridad sobre cómo enfrentar el problema.
Por su parte, reconocemos el esfuerzo de Guanajuato, Jalisco y Yucatán por abrirse a la sociedad, ser transparentes y estar dispuestos a dialogar acerca de cómo construir junto con la ciudadanía, políticas públicas más efectivas que nos permitan regresar a vivir en una sociedad pacífica.
Si 2017 y 2018 fueron respectivamente los años más violentos de la historia, si los gobernantes reclaman una y otra vez que heredaron un desastre en esta materia ¿no debió haber sido su primera preocupación desarrollar un plan para atender la alta incidencia delictiva, la inseguridad y la violencia?
Si un gobernante trabaja para servir a su comunidad ¿no debe ser su compromiso informar, abrirse, rendir cuentas cuando se le solicite? Si el problema que enfrentamos en materia de seguridad es tan complejo y requiere del apoyo de todos los actores sociales ¿no es acaso un ejercicio como éste el que ayuda a que todos nos hagamos corresponsables de atender el problema?
Parece que para nuestras autoridades es fácil quejarse del pasado, descargar responsabilidades, esperar que las cosas se resuelvan por sí solas y que la sociedad calle. Sin embargo, la actual crisis no se resuelve con retórica, no tomará su cauce por sí misma y sí requiere de un plan específico.
Debido al actual rumbo del país, es muy probable que 2019 rompa el terrible récord del año más violento de la historia, es probable que ante estos resultados nuestras autoridades sigan perdidas, sin un plan, culpando a los malos gobiernos del pasado, a pesar de que serán ellos los responsables del creciente número de víctimas.