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A quince días del inicio de la nueva administración federal, el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, deberá atender un país en abierta crisis, donde la incidencia delictiva sigue creciendo en la mayor parte del país.
Debido el tamaño del reto, desde el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), sugerimos que el nuevo gobierno priorice en el combate a delitos que generan una mayor descomposición social, como es el caso del robo de hidrocarburo.
Este delito se ha convertido en un elemento clave en el crecimiento de la violencia en el país, es un ilícito que dispara la ocurrencia de otros delitos -donde se presenta crecen homicidios, secuestros, robos, desapariciones, por mencionar algunos-; en particular, la descomposición de la seguridad en algunas entidades no podría explicarse sin este fenómeno delictivo.
Desde 2014 en el ONC advertimos sobre el crecimiento de este ilícito en el documento Robo en México: ¿un delito cotidiano? donde con preocupación ya señalábamos pérdidas para el Estado estimadas en más de 20 mil millones de pesos por año, así como acciones marginales para su combate.
Cuatro años después el fenómeno parece incontenible, en entidades como Puebla y Guanajuato mes a mes la cifra oficial de delitos violentos y la sensación de inseguridad por parte de los ciudadanos sigue creciendo, mientras que otros efectos, como el daño ambiental, ni siquiera son visualizados.
Por ello, el pasado 6 de noviembre el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM)-Observatorio Ciudadano de Puebla (integrante de la Red Nacional de Observatorios del ONC), presentó el estudio denominado El robo de hidrocarburo en ductos, un delito enemigo del medio ambiente.
El documento analiza el periodo de 2012 a 2017 y nos permite conocer datos interesantes:
No obstante, lo establecido en la ley, el entramado de actores involucrados en combate al delito y en la reparación del daño no tienen claro a quién le toca qué.
Con base en las respuestas otorgadas por transparencia por los varios actores, se registraron 30,385 tomas clandestinas en todo el país, siendo Guanajuato, Puebla, Hidalgo, Veracruz, el Estado de México y Jalisco, las entidades que tuvieron el mayor número de tomas durante ese último año.
En su mayoría, la información disponible está centrada en el diagnóstico del delito por el número y el registro de tomas clandestinas por municipio y la identificación de grupos de la delincuencia organizada que participan en el robo de hidrocarburo. Sin embargo, las estadísticas suelen variar entre una fuente y otra y en el análisis de los sujetos activos es común dejar de lado a las comunidades y a las autoridades locales involucradas.
Son cuatro las características del robo de hidrocarburos que preocupan: i) la complicidad forzada o voluntaria entre comunidades, autoridades locales, trabajadores y ex trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) para cometer este delito, ii) los niveles de sanción son casi inexistentes, iii) los márgenes de ganancia son elevados lo que ha ocasionado fricciones entre organizaciones criminales y iv) la correlación con otros delitos como el robo de vehículo, robo a negocio, homicidio doloso, desaparición y tráfico de drogas.
Estos hallazgos, que se deberían suponer como ya conocidos por la autoridad, deberían llevar a una reestructuración de atención a este fenómeno a través de acciones más efectivas.
Sin embargo, la transición política por la que atraviesa el país supone un grado considerable de incertidumbre tanto por los factores asociados a las contingencias contractuales como por la nueva política de seguridad que se implementará.
De igual forma, la reestructura de la Procuraduría General de la República (PGR) impactará en las labores de procuración de justicia e investigación por delitos del fuero federal como la sustracción de hidrocarburos.
Algo que parece tener claro el equipo del presidente electo es la necesidad de impulsar el desarrollo social. Probablemente ningún delito como éste, requiera de la reconstrucción del tejido social y fomentar incentivos a la legalidad para las comunidades que se han visto involucrados en este fenómeno.
El gobierno entrante no necesita iniciar de cero para descubrir cómo se comporta el delito y qué acciones fomentar, los diagnósticos ya están, sólo es tarea que decidan impulsar las acciones necesarias toda vez que, en este caso en particular, la disminución de este delito y sus efectos violentos no se logran simplemente con austeridad, reforma normativa o por decreto, se requieren acciones y se necesitan desde el inicio del nuevo gobierno.
@frarivasCol
