Hace un par de semanas, en este mismo espacio, advertíamos de los riesgos sobre el financiamiento a la promoción turística del país ejecutada a través del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), luego de que se presentó una iniciativa en el Congreso para reducir su participación en la distribución de la bolsa recabada a través del Derecho de No Residente (DNR).
Conviene recordar que el origen de este mecanismo y del Impuesto sobre servicios de hospedaje, se remonta a los años 90 del siglo pasado, en que se presentó una crisis en la disponibilidad de recursos públicos para estos propósitos de promoción; de igual manera, es por demás pertinente subrayar que la introducción de estas cargas fiscales surgió en acuerdo con la iniciativa privada pues ambas modalidades supusieron impactos en las tarifas pagadas por los turistas, poniendo en peligro la competitividad de empresas y destinos.
Así las cosas, la semana pasada, al dar a conocer el equipo de trabajo en turismo, el nuevo Gobierno informó de la ampliación de la cobertura del “tren maya” que ahora incluiría Tabasco, Yucatán y Campeche (en la parte norte), además del previamente anunciado trayecto de Cancún a Palenque, pasando por Tulum, Bacalar y Calakmul.
Para financiar esta obra se recurriría, al menos en parte, a los fondos del “impuesto al turismo” estimados en 7 mil millones de pesos anuales.
Más allá de la necesidad de contar con información detallada de la obra ferroviaria, particularmente en lo que se refiere a su viabilidad desde el punto de vista del mercado y la fragilidad ambiental de algunas de estas zonas del país, y considerando al menos a priori que puede ser factible el tramo entre Cancún y Tulum, por el volumen de turistas y de la propia población local que se desplaza en este corredor, existe una gran preocupación entre los representantes empresariales del sector turístico, pues la obligada lectura apunta a interpretar que el “impuesto al turismo” es, ni más ni menos que el mencionado DNR, lo que supondría —ante la falta de más información— que el CPTM (que hoy dispone de 70% de la recaudación de dicho derecho) se quedaría sin los recursos para realizar sus tareas sustantivas.
Si lo anterior llegara a consumarse, la impresión es que se estaría poniendo en riesgo de manera significativa la presencia de México en los mercados turísticos internacionales, pues no parece probable que el esfuerzo individual de las empresas mexicanas sea capaz de sobrellevar una dura competencia por los turistas, en mercados en donde las inversiones en mercadotecnia por parte de países, destinos y las propias firmas empresariales en ellos asentados, son enormes.
Así, por ejemplo, el presupuesto anual de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Las Vegas supera los 300 millones de dólares; por su parte, Orlando ejercerá en este año unos 87 millones de dólares en acciones de mercadotecnia turística, además de los poco más de 76 millones de dólares de presupuesto público para la promoción turística de Florida, importes a los que habría que adicionar unos 30 millones de dólares de impuestos para el fondeo de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Miami.
A este escenario habría que agregar la realidad de que el ciclo de expansión de la demanda internacional al país, de acuerdo con la información pública disponible parece sufrir una desaceleración, pues luego de los niveles de crecimiento en torno a dos dígitos registrados en los últimos años, ahora se reporta que el aumento en los ingresos por turistas no fronterizos es de 3.5% y el de los turistas provenientes de Estados Unidos por vía aérea al país, es de sólo 1.2% en los primeros seis meses del año.
Por tanto y reconociendo que la labor de promoción turística del país puede realizarse con mayor eficiencia, eficacia, transparencia y una mejor rendición de cuentas, producto de la evaluación adecuada de las campañas promocionales, parece necesario que se aclare qué es lo que va a pasar con el CPTM y, sobre todo, como es que se compensaría (de ser el caso, ante lo aquí expuesto) la canalización de los recursos para la promoción turística de México, recordando que de presentarse una caída en los flujos turísticos al país, no sólo supondría una afectación para las empresas, sino también para la captación fiscal, además de propiciar una pérdida de empleos y, como consecuencia de estas y otras afectaciones, se produciría un impacto significativo para el desarrollo del país.