¿Es la mentira un recurso del actual gobierno en su comunicación política? Si aplicamos el principio rector del régimen según el cual si el presidente no es corrupto nadie es corrupto en su gobierno, resulta lógico afirmar que si el presidente de la República miente, todos mienten en su administración. Si las dictaduras se caracterizan por gobernar basados en la mentira, ¿estamos entrando a una?

Desde hace días, varios analistas habían advertido sobre la diferencia entre las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las del presidente en materia de homicidios dolosos, pero fue la notoriedad del periodista Jorge Ramos y la insistencia del Jefe del Ejecutivo en defender sus números, lo que hizo consciente a una gran parte de la opinión pública de la grosera manipulación de datos. Más todavía cuando, horas después, las estadísticas del SESNSP fueron dadas de baja o alteradas, indudablemente por orden superior, como revelaron en redes sociales la luchadora social Isabel Miranda de Wallace y el analista político Raymundo Riva Palacio.

No era la ni la primera ni la única ocasión en que se exhibía el recurso de la mentira. El analista Luis Estrada, en sus comentarios con Joaquín López-Dóriga, y en su colaboración en El Universal, había documentado 80 expresiones “no verdaderas” del presidente en una sola semana, del primero al cinco de abril, un hecho que, de mantenerse, colocaría el presidente López Obrador por encima de Donald Trump en cuanto a dichos “no verdaderos”.

La mentira como recurso político es característico de las dictaduras. Las cifras se ajustan según las necesidades y no hay manera de comprobarlas. A propósito, recuerde usted que desde el principio de este gobierno se suspendió una serie importante de encuestas y que el propio presidente ha colocado a cercanos suyos tanto en el Banco de México y como en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En el gobierno de Peña Nieto se cambió la metodología para medir la pobreza, pero la 4T ¡de plano se voló la barda!

Así como canceló el nuevo aeropuerto internacional para establecer quién manda, así el presidente ha desmentido públicamente dos veces al subsecretario de Hacienda una vez al secretario de Comunicaciones y Transportes, para establecer en la práctica que la única verdad es la suya. En otras palabras, no existe una versión oficial del gobierno, sino solamente una verdad presidencial, la de López Obrador. Una verdad única e indiscutible cuya única fuente es su palabra y la única posibilidad de verificación es él mismo.

Además de la mentira como recurso, la intimidación en redes sociales a los periodistas que se atreven a formular preguntas ligeramente críticas en las conferencias mañaneras, un ejército de funcionarios tuiteros dedica el día a quemar incienso al presidente para colocar en la opinión publicada la narrativa presidencial. La 4T aplica el táctica priista de que las malas noticias se dan el viernes por la noche, como ocurrió con la caída en la creación de empleos. Es, evidentemente, un ejercicio de manipulación viejo pero eficiente. Más de lo mismo, nada nuevo, cierto, pero prometieron que iban a ser diferentes.

Debe incluirse también que el presidente ha recuperado espacios mediáticos para algunos de sus simpatizantes en una cierta empresa de radiodifusión, empresa que, curiosamente, está en campaña para sostener que tiene más audiencia y que, vaya casualidad, tiene por tanto derecho a una mayor participación en el pastel de la publicidad gubernamental.

Lo malo de las mentiras es que desgastan la credibilidad de las instituciones. Lo mismo que le pasó a Peña Nieto y al pastor del cuento le puede ocurrir a López Obrador: cuando el país de verdad vaya bien, ya nadie le va a creer. Entonces, como ocurre en las dictaduras, la impondrá por la fuerza y, se puede inferir con cierto grado de probabilidad, que ya tendrá una Guardia Nacional a su gusto.

Los efectos de la mentira siempre son perniciosos. Utilizarla como un recurso de comunicación política pudiera resultarles útil en el muy corto plazo, pero nadie, ni siquiera un gobierno que ganó con 30 de los 80 millones de votos potenciales, sale indemne de semejante error.

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