Los procesos electorales en nuestro país generalmente son muy largos. Si bien, llegan a tener su mayor desarrollo con las campañas electorales y con la consecuente jornada electoral y emisión de resultados de acuerdo al cómputo emitido por la autoridad electoral administrativa, lo cierto es que, en concordancia con diversas disposiciones establecidas en la legislación electoral, sólo se van cumpliendo diversas etapas.
Así, luego de que tanto las instancias electorales administrativas como jurisdiccionales determinaran a los ganadores de las contiendas electorales que tuvieron verificativo en este 2019, el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó el proceso de fiscalización sobre los ingresos y gastos relativos a las campañas de los cargos de gubernatura, presidente municipal y diputaciones de los procesos electorales locales que se desarrollaron en Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas.
De acuerdo con información pública emitida por el propio INE, el proceso de fiscalización consistió en la revisión de 806 candidaturas para los 166 cargos en disputa, de donde se registraron 508.2 millones de pesos de ingresos por 503.8 millones de pesos de gastos de partidos políticos y candidaturas distribuidos en más de 23 mil operaciones registradas en el sistema de fiscalización. En este sentido, el resultado de la fiscalización no sólo se basa en la revisión de los informes que los actores políticos presentan a la autoridad electoral sino también de registros que la autoridad integra con base en sus atribuciones, entre las que destacan la verificación de la operación, a través de visitas, de casas de campaña; la realización de visitas a diversos eventos de campaña; la revisión de propaganda expuesta en la vía pública; información que solicita al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera, así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Consecuentemente, el INE impuso sanciones a los partidos políticos y a candidatos independientes por más de 84.5 millones de pesos que derivaron de la resolución de quejas interpuestas, así como de la revisión de ingresos y egresos registrados en las elecciones referidas.
Estas millonarias sanciones derivan de 47 diferentes conductas entre las que destacan egresos no reportados que implicó multas por más de 21 millones de pesos; ingresos no comprobados que resultaron en sanciones de más de 11 millones de pesos; aportaciones en especie de militantes y simpatizantes mayores a las permitidas en más de 7 millones, así como gastos no reportados en representantes acreditados ante las casillas con sanciones por más de 4 millones de pesos. Otro dato por demás importante es que el INE señaló que 21 candidaturas rebasaron el tope de gastos establecido por la legislación en Aguascalientes, Puebla y Quintana Roo.
Ahora bien, los actores políticos involucrados y que la autoridad fiscalizadora sancionó seguramente recurrirán a los tribunales a manifestar lo que consideren conducente, sin embargo, hoy queda claro que el proceso de fiscalización se ha ido robusteciendo y consolidando para beneficio de la sociedad mexicana. Así, la fiscalización se convierte en el resultado de rendición de cuentas sobre el origen y destino de los recursos utilizados por los partidos políticos, precandidatos, aspirantes, así como candidatos no sólo durante los periodos de campaña, sino también en los de precampaña. Por supuesto, no queda exento a la fiscalización los ejercicios realizados en periodo ordinario. Sin embargo, considero que para que el proceso de fiscalización fuera integral, se necesitaría una mayor participación de los Organismos Públicos Locales Electorales que, en su oportunidad, ostentaron la atribución de la fiscalización en sus entidades federativas. ¡Hasta la próxima!
Analista político. @fdodiaznaranjo