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Al cumplirse tres años del derrame de más de 500 toneladas de metales venenosos a los ríos Sonora y Bacanuchi, alrededor de 30 activistas realizaron un plantón en la entrada norte de Hermosillo para exigir la reactivación del Fideicomiso, reubicación de pozos, la construcción de 36 plantas potabilizadoras de agua y la construcción de la unidad para atención de afectados en la salud por la contaminación.
El 6 de agosto del 2014, la ruptura en uno de sus represos provocó el derrame de 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo.
La contaminación afectó 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas, 64 kilómetros del río Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora, hasta la presa El Molinito que abastece a una parte de la capital de Sonora.
En su paso dejó más de 23 mil personas afectadas de los municipios de Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, San Felipe, Banámichi y Arizpe.
El gobierno federal obligó a Grupo México a resarcir los daños, por lo cual el consorcio cuprífero creó un Fideicomiso, el cual aseguran los pobladores y activistas se aplicó con opacidad.
Reyna Castro Longoria, activista e investigadora de la Universidad de Sonora, exigió cuentas claras sobre el destino del Fideicomiso Río Sonora, en virtud de que pesan dudas sobre el ejercicio de los 2 mil millones de pesos que Grupo México se comprometió a entregar como parte del resarcimiento de daños que provocó a miles de pobladores de la zona.
“Aun falta que informe donde quedaron 700 millones de pesos que no se ejercieron”, dijo.
Además, consideró una burla que Grupo México pretenda reducir el número de 36 plantas potabilizadoras que en un principio se proyectaron en base a un diagnóstico de necesidades a sólo 9, de las cuales ni siquiera tienen fecha de inicio.
“No podemos seguir permitiendo que las autoridades sigan protegiendo los intereses del Grupo Mexico, fueron ellos los que pactaron, los que adquirieron los compromisos y uno de ellos fue la reubicación de los pozos, la clínica de atención médica a los pobladores afectados por los metales pesados emanados de la mina Buenavista del Cobre, era la construcción de una clínica (Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora) que hoy los pobladores necesitan para atender sus necesidades causadas por esta cruel contaminación”, expresó Antonio Navarrete, vocero de la Sección 65 del Sindicato Minero .
“El río Sonora esta contaminado y la clínica no funciona, si las puertas están abiertas es sólo para darnos la espalda y regresarnos por donde vinimos, ya estamos hartos de pensar que tipo de metales nos estamos comiendo, con que agua nos estamos bañando, el agua y la comida, todo está contaminado”, dijo Guadalupe Poom, residente del municipio de Ures.
“Es una incertidumbre muy grande saber si estamos enfermos o no, si nuestros hijos con el agua que toman en las escuelas se están enfermando, no queremos dinero, queremos salud y agua limpia”, expresó como una de las afectadas por la contaminación al río Sonora.
afcl
