El estigma que carga Tlaxcala como la entidad donde anida la trata de mujeres creció en el sexenio anterior (2011-2017) con la petición para activar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, única solicitud en el país en ese género. Sin embargo la petición no prosperó ante autoridades federales, que determinaron que hay avances en el combate a este flagelo.
Este pequeño estado de la República tiene 13 de los 60 municipios donde se desarrolla la trata de mujeres y de donde salieron algunos hombres que han sido detenidos en Estados Unidos por ser parte de redes internacionales, de acuerdo con la organización “Todos para todos”, impulsora de la alerta.
El sello de trata se acentuó en agosto de 2016 cuando organizaciones civiles pidieron activar la AVG y en noviembre de ese año el gobernador en turno, Mariano González Zarur, aceptó las recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), así como el lapso de seis meses para atender y cumplir con las recomendaciones. El plazo se cumplió el 24 de mayo, pero fue hasta hace unos días cuando la dependencia federal liberó al estado de esta alerta.
González Zarur se fue en diciembre y heredó la “prealerta” a Marco Mena Rodríguez, cuya administración trabajó a marchas forzadas para cumplir con las recomendaciones e inhibir la activación de la alerta. El pasado 5 de agosto, Tlaxcala evitó la declaratoria del órgano de la Secretaría de Gobernación, al considerar que la administración realizó acciones suficientes para comenzar a revertir las condiciones de violencia contra las mujeres.
Sin embargo, el Centro Fray Julián Garcés, organismo religioso que documenta casos de trata en el estado, consideró lo contrario y en su informe rendido el 24 de mayo —el día que venció el plazo en que la Conavim emitiría la alerta—, manifestó que las acciones de esta administración “no tienen la contundencia necesaria para enfrentar el delito”, y acusó una política de simulación.
En una investigación de campo el organismo documentó que las víctimas de trata se inhiben para denunciar porque en los últimos años fueron detenidos policías municipales o funcionarios vinculados con el delito de trata de mujeres. “Eso provoca desconfianza en las autoridades”.
Refiere que en los primeros cuatro meses de gobierno de Marco Mena Rodríguez y en los últimos dos de su antecesor, Mariano González Zarur, de 200 denuncias que se presentaron por casos de trata de mujeres 70% quedaron en actas circunstanciadas —a pesar de que el delito se persigue por oficio—, 30% como averiguaciones previas, y del total de denuncias sólo 6.5% alcanzaron sentencia.
En 2014, el centro realizó el Diagnóstico de percepción ciudadana sobre trata de personas en Tlaxcala, donde concluyó que el gobierno estatal simuló la investigación y persecución de lugares de explotación, pues expuso que el gobierno estatal públicamente había clausurado 264 establecimientos dedicados a la trata de personas, pero en la revisión de campo no existió un solo lugar en el que se aplicara la Ley de Extinción de Dominio.
Por medio de solicitudes de información, el organismo conoció que la mayoría de las víctimas de trata son originarias de los municipios de Acuamanala, Xicohtzinco, Quiléhtla, Teolocholco, Tenancingo, Zacatelco, Papalotla y San Pablo del Monte. En tanto, los tratantes provienen de los municipios de Tenancingo, San Pablo del Monte, Acuamanala, Zacatelco, Apizaco, Contla de Juan Cuamatzi, Calpulalpan, Teolocholco, Papalotla, Xicohtzinco, Totolac y Xaloztoc.
La petición de la AVG de agosto de 2016 consideró ocho de los 12 municipios enlistados por el Centro Fray Julián Garcés como refugio de tratantes, y sumó a los municipios de Apizaco, Chiautempan, Tlaltelulco, Ayometla y Axocomanitla. La alerta se había pedido para 13 de los 60 municipios del estado.
Las víctimas
En el sexenio de Mariano González, la PGJE reportó de 2011 a 2016 un total de 57 denuncias abiertas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. El 72% de las denuncias son de la zona sur, 26% del centro y 2% del poniente.
En ese lapso Apizaco, zona centro, sumó 11 casos, seguido de Tenancingo y San Pablo del Monte y Zacatelco con nueve casos cada uno. Luego siguen Acuamanala, Papalotla del Xicohténcatl, San Francisco Tetlanohcan, Santa Isabel Xiloxoxtla, Santa Cruz Quilehtla, Tepeyanco, Mazatecochco y Teplocholco.
De acuerdo con la información proporcionada por el estado, la edad promedio de las mujeres víctimas en dicho periodo es de 23 años. Entre los 14 y 18 años fueron nueve víctimas; de 19 a 28 años 42 mujeres, y de 31 a 35 años se reportaron tres víctimas. También se registró una víctima de 46 años, otra de cinco años y de una más se desconoce su edad. Respecto al estado civil, se informó que en dos casos eran casadas, una era viuda y 54 eran solteras.
Finalmente se indica que en 2014 el estado destinó 5 millones 749 mil 614 para incrementar el conocimiento y el respeto de las mujeres y niñas; en 2015 se mantuvo el mismo presupuesto, pero en 2016 bajó a 5 millones 463 mil pesos. Para 2017 en el Instituto de la Mujer se presupuestaron 5 millones 515 mil 220 pesos.
“Hay plan con perspectiva de género”
Marco Mena Rodríguez, cuya administración comenzó en enero pasado, afirmó que el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017-2021 está orientado de forma transversal con perspectiva de género a efecto de atacar la desigualdad, la exclusión y la discriminación, que afectan a la mujer.
La respuesta del gobernador ocurrió después que EL UNIVERSAL publicó un diagnóstico de la Secretaría de Gobernación, en el cual se expone que la población en Tlaxcala percibe como natural el delito de trata de mujeres, la violencia física, patrimonial y sexual.
El gobierno sostuvo que “la trata de personas tiene un alcance nacional e internacional, por lo que no es un problema exclusivo de esa entidad y su atención requiere de un trabajo más planificado y coordinado en el que participen los tres órdenes de gobierno y la sociedad en general para inhibir de modo más contundente este flagelo”. También elaboró un informe titulado Trabajo del gobierno del estado contra la violencia hacia la mujer, adolescentes y menores, en el que sostiene que las diferentes dependencias que conforman el Consejo Estatal Contra la Trata de Personas fueron capacitadas en la detección de este delito por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.
Por lo que respecta al trabajo de la PGJE, se informa que “mediante la activación de protocolos correspondientes, en lo que va del año ha logrado la localización de 16 menores dentro y fuera de la entidad, en cuyos casos se determinó que huyeron de sus hogares por voluntad propia, y se encontraron en buenas condiciones de salud”.