Más Información
Senado destaca aprobación de 16 reformas constitucionales; entre ellas al Poder Judicial y Guardia Nacional
Trump y sus amenazas a México, ¿puede injerir en asuntos políticos del país?; esto dice la Constitución
De Mexicali a Buckingham; estudiantes mexicanos participarán en desfile internacional "London’s New Year’s Day Parade”
Sheinbaum supervisa avance del Trolebús Chalco-Santa Martha; se reúne con Delfina Gómez y Clara Brugada
Reinserta lanza campaña “Los otros Santas”; busca concientizar sobre el reclutamiento infantil por la delincuencia organizada.
El gobernador de Baja California Sur, el panista Carlos Mendoza Davis, vetó las reformas al código penal del estado, en las que el Congreso había avalado despenalizar el exceso en la legítima defensa.
El jefe de la Oficina del Ejecutivo, Carlos Rochín, informó que luego de un análisis y tras escuchar a distintos expertos en la materia, asociaciones de abogados, colegios y organismos especializados, determinó vetar la reforma y enviar al Congreso una serie de observaciones sobre el tema.
El panista expuso: “La legítima defensa es un derecho de los ciudadanos para hacerle frente a una agresión inmediata, de forma racional y proporcional”, y no debe verse como un “pasaporte a la justicia”.
Las modificaciones que hizo el Congreso al eliminar la penalización sobre el exceso, declaró, podrían traer consecuencias al ciudadano bajo distintos supuestos.
En beneficio de los ciudadanos. El veto se formuló entonces, señaló, para proteger un derecho de los ciudadanos. Explicó que tal como estaba la legislación protegía al ciudadano cuando involuntariamente hubiese incurrido en el exceso al defender un bien jurídico, la penalidad aplicada era menor.
Además, el panista indicó que con estas reformas que hizo el Congreso se podrían haber generado espacios de impunidad disfrazados de defensa propia.
También se pensó en proteger a los menores y sus derechos, puesto que la reforma eliminaba el deber evitar ser lesionados por el agresor cuando éste se defendiera. “No dudamos de la bien intención de legis- lador, pero consideramos que la redacción actual puede encerrar riesgos prácticos”.
El gobernador insistió en que se escucharon voces certificadas y a partir de ello se formularon observaciones. La norma se votó el pasado 22 de junio con el voto de 18 de los 21 diputados.