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El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León (TEENL) ordenó al gobernador Jaime Rodríguez Calderón publicar de manera inmediata en el Periódico Oficial del Estado el decreto 286 correspondiente a la aprobación de la Ley Estatal Electoral , realizada por el Congreso local el pasado 29 de junio. “El Bronco” señaló que asumirá las consecuencias pero no puede publicar la ley sin revisar porque los diputados “mañosos” podrían tenderle una trampa.
El TEENL advirtió que “la omisión del Ejecutivo constituye una demora innecesaria e injustificada, en virtud de que el gobernador está impedido para hacer observaciones al decreto que contiene la reforma de una ley constitucional”, y la misma se entiende sancionada para todo efecto legal, y por tanto vigente desde el 29 de junio, en términos de lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León .
Dentro del expediente JDC-042/2017, respecto al juicio promovido por el presidente del Congreso, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, en contra de la omisión de la publicación del decreto número 286 aprobado por el pleno del Congreso del Estado en sesión extraordinaria celebrada el día 28-29 de junio, el Tribunal Electoral asentó además que resulta necesario publicar inmediatamente el decreto, toda vez que se hizo valer una acción tuitiva de interés difuso en beneficio de la colectividad y el Estado mismo, a fin de brindar certeza sobre aquellas cuestiones jurídicas que se modificaron o adicionaron a la Ley Electoral.
Agregó que de no hacerlo, “podría integrarse una afectación sustancial en la defensa de los derechos político electorales que, en su caso, los ciudadanos estimaren vulnerados al conocer a cabalidad, mediante su debida publicación, el contenido del decreto legislativo, al impedírseles ocurrir de manera oportuna a la instancia constitucional, e impedir el oportuno combate a los efectos perniciosos que la misma le pudiera producir en su esfera jurídica.
Por lo anterior, el Pleno del Tribunal declaró por unanimidad la ilegalidad de la omisión impugnada por el Congreso, y ordenó a la autoridad estatal, “publicar de inmediato el Decreto Legislativo número 286, debiendo realizarse al día siguiente de la fecha en que se lleve a cabo la notificación de su resolución”, es decir el pasado viernes 30 de junio.
Al respecto, el gobernador dijo por su parte que el Tribunal podrá decir lo que quiera, “pero yo tengo un tiempo preestablecido, no puedo hacer nada de lo que no diga la ley, pudo haber dado instrucción, pero no me puede ordenar algo que no he revisado, si el tribunal le dice a los diputados que cambien yo encantado, pero tengo 30 días para publicar un decreto.
“El Bronco” cuestionió “¿cuál es la urgencia de los diputados o del Tribunal en ese sentido, yo no tengo la culpa que hayan tirado hueva los diputados, yo asumiré la responsabilidad y las consecuencias, pero no voy a violar la ley”.
“Me la mandaron el viernes, no la jodan, revisar es parte de mi obligación, que tal si me meten un cuatro en la publicación, que tal si entre esas cosas que saben los abogados del Congreso, ser mañosos, porque eso es lo que son los diputados, yo tengo que revisar, qué tal si le falta una letra o una coma y eso cambia todo”.
El gobernador afirmó “hay ahí –en el Congreso- mentes perversas que lo que quieren es generar esto, si hubiera buena fe, la publicaba hasta sin verla, pero nos quieren meter en trampas que luego la responsabilidad es para mí”.
Si lo que quieren es chuparse el dinero de la sociedad para beneficiar a sus partidos, que lo hagan si la sociedad quiere, pero no es por eso –la omisión-, se va a publicar en el tiempo que me dice la Constitución, en 30 días, insistió el Bronco y concluyó: nosotros no hicimos mal nuestro trabajo, lo hicieron mal los diputados, debieron medir los tiempos, el gobierno tiene un tiempo para revisar y publicar.
A su vez, Arturo Salinas Garza, coordinador de la bancada panista, comentó que en su resolución el TEENL, dio la razón al Congreso, al señalar que la reforma electoral entró en vigor al momento de su aprobación, y que el gobernador tiene que publicarla de manera inmediata, porque de no hacerlo se usarán en su contra medidas de apremio, pues estaría incurriendo en desacato.
Salinas agregó que el criterio de la validez de la ley al momento de su aprobación, está sostenido jurídicamente por diversas controversias constitucionales, y así se ha procedido porque hay gobernadores que se niegan a publicar los decretos del Congreso.
Salinas Garza comentó que tanto él como su compañero Hernán Salinas, presidente de la Comisión de Legislación, han sido litigantes de derecho electoral, y saben de qué están hablando, “qué lástima que en el Gobierno estatal no tengan expertos en materia electoral, con gusto los podríamos asesorar”.
Recalcó, “el proceso está completo con la aprobación, la publicación sólo es una obligación que tiene el gobernador, porque (tratándose de una ley constitucional), ni siquiera tiene derecho de hacer observaciones o vetar, su omisión, es por un sentido político de sólo estar viendo cómo gana a la mala”.
afcl
