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El gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis , analiza la posibilidad de vetar la iniciativa aprobada por el Congreso de Baja California Sur sobre la despenalización del exceso en la legítima defensa .
En entrevista, calificó como un tema delicado estas modificaciones que se hicieron al código penal local, por lo que se analizará con expertos en la materia para un posible veto.
“Vamos a estudiar con mucho cuidado y escuchar a todas las voces de los que saben y de los que se verían afectados con esta iniciativa”, expresó.
Añadió que todos los ciudadanos tienen derecho a defenderse, pero –dijo- “para tener una grata convivencia, sana y armónica, debemos poner ciertos límites”.
“He escuchado opiniones de gente muy versada y calificada, el propio Poder Judicial y la Comisión Estatal de Derechos Humanos sienten que pudiera estar rayando los límites de algo que no pudiera sostenerse. Lo vamos a estudiar con mucho cuidado”, subrayó.
El 21 de junio, 18 de 20 legisladores modificaron los artículos 31 y 87 del código penal local, a iniciativa del diputado Alfredo Zamora García, con el argumento del alza de delitos en la entidad, especialmente del robo a casa habitación y para que los ciudadanos no tengan que ir a la cárcel (en caso de matar al agresor) o cometer algún delito al defender a su familia o a sus bienes.
La iniciativa fue avalada; no obstante, fue controvertido el voto a favor de los diputados toda vez que, en opinión de expertos penalistas, dejaba la puerta abierta a interpretaciones equivocadas, y podría inducir la “venganza privada” y generar mayor violencia en la entidad.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJE), Daniel Gallo se pronunció en contra, pues se quitó una atenuante, dijo, que beneficiaba a la víctima de algún delito.
Arturo Rubio Ruiz, abogado del Colegio de Posgraduados de Derecho de BCS, y Antonio Cota Vergara, catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), coincidieron en señalar que con esta medida se estaría reconociendo “la incapacidad del Estado de hacerle frente a la delincuencia” y se podría caer en la “ justicia por propia mano ”.
Michelle Tuchmann, de la Barra de Abogados en BCS, señaló que la legítima defensa en principio debe acreditarse y esta reforma otorga más responsabilidad al ciudadano que “deberá acreditar que se cumplen los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad, en caso contrario, dijo, deberá purgar la pena que corresponda, no un tercio de la pena, como estaba antes, por cometer el exceso”.
Señaló la necesidad de que los diputados hubieran socializado e informado con oportunidad a la ciudadanía sobre los alcances de estas modificaciones.
afcl
