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La audiencia de preparación a juicio a la que hoy debería acudir el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, se pospuso para el 31 de octubre, porque faltó recabar una prueba solicitada por uno de los coacusados en el caso, ello dentro del proceso que sigue por un quebranto al patrimonio estatal de 3 mil 683.5 millones de pesos en estímulos indebidos a la armadora Kia Motors.
Fuentes relacionadas con el caso señalaron que se trataría del nuevo contrato que suscribió el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón con la armadora coreana, y que la empresa y la administración estatal se niegan a proporcionar, bajo el argumento de que es información reservada.
Con este documento, la defensa del ex tesorero estatal, Rodolfo Gómez Acosta, pretende comprobar que los apoyos a Kia Motors fueron legales y quedaron avalados por el nuevo gobierno o estaban condicionados a su aprobación por el Congreso local.
Además de Medina de la Cruz y el ex tesorero Gómez Acosta, acusados dentro del mismo proceso por los delitos de ejercicio indebido de funciones, daños al patrimonio estatal y peculado, fueron vinculados por ejercicio indebido de funciones el ex secretario de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán Robert, y la ex subsecretaria de Inversión Extranjera y comercio Internacional de la misma secretaría, Celina Villarreal Cárdenas.
Promueven recursos. Para evitar su detención durante la audiencia programada para este lunes, el ex gobernador priísta promovió un juicio de amparo ante el juzgado cuarto de distrito en materia penal de la Ciudad de México; si no existe una orden de captura, la medida sería desechada.
En tanto, el juez de control del Poder Judicial de Nuevo León, Miguel Angel Eufracio —quien en enero mantuvo 19 horas en el penal del Topo Chico a Medina de la Cruz— solicitó el viernes el amparo de la justicia federal contra la vinculación a proceso dictada en su contra el pasado 14 de julio, por el juez federal Elías Gerardo Cepeda, al presuntamente violar una suspensión de amparo que protegía al ex mandatario contra cualquier medida cautelar.
La defensa del juez estima que al dictar prisión preventiva contra el ex gobernador no hubo violación a la Ley de Amparo, porque Medina estaba protegido contra una orden de aprehensión al momento de acudir a declarar, pero la detención ocurrió al cambiar su situación procesal, cuando se resolvió su vinculación por los delitos de peculado y daño al patrimonio estatal.
