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En protesta por la presunta dilación y negligencia del Instituto Nacional de Migración (INM) en los trámites de regularización de migrantes indocumentados en la frontera sur, tres activistas iniciaron este miércoles una huelga de hambre por tiempo indefinido en Tapachula.
Los ayunantes Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, y los defensores de derechos humanos Édgar Esquinca y Cristóbal Sánchez aseguraron que se mantendrán sin ingerir alimentos hasta que obtengan una respuesta adecuada de las autoridades. La inconformidad es por el creciente burocratismo y el trato “inhumano” hacia la población migrante contra la cual existe una “cultura de odio” de sectores que culpan a los migrantes de propiciar inseguridad.
García Villagrán denunció “la apatía, la indiferencia y la tardanza que padecen los migrantes centroamericanos y cubanos a su ingreso a México, pues afirma que hay quienes desde hace más de un año solicitan algún tipo de regularización”: visa humanitaria, el formato de visitante o mediante algún traban, pero “muchos de esos migrantes que buscan regularizarse de acuerdo con la norma, son rechazados”. Acusa que esas prácticas son lesivas porque quienes solicitan la regularización no son delincuentes, pues son objeto de control legal de manera personal. Acuden y colocan sus huellas dactilares, entregan fotografías y datos personales que son verificados en registros de otros países, lo cual “ no haría un criminal”, precisó. Ante la falta de respuesta, dijeron, los migrantes acuden al pago de favores a autoridades, o buscan ayuda de “coyotes”.
El Centro de Dignificación Humana A.C. ha documentado casos, como el de un grupo de migrantes cubanos que esperan desde hace cien días un salvoconducto o el de un migrante salvadoreño que desde hace un año tramita la regularización de su estancia, sin resultado alguno, pues le dijeron que tenía una alerta migratoria por antecedentes penales, por lo que fue a El Salvador, donde está amenazado de muerte, y regresó con los documentos que comprueban que no tiene antecedentes penales. García Villagrán abundó al respecto que la ley establece 30 días para la procedencia o no de la regularización, pero “el vacío” que queda en ese período a discrecionalidad de los funcionarios favorecer a “la política del garrote” de Donald Trump.
