Ejecución. Prescribe pena capital, pero violación no para

En el Panteón Yáñez de Hermosillo hay dos tumbas pintadas de negro con una cruz roja y la leyenda “Sátiros Pum Pum Junio 19 1957”; ahí fueron sepultados los restos de dos violadores de niñas, ejecutados en el paredón de la antigua penitenciaría por un pelotón militar para frenar la racha de delitos sexuales de esa époc

Roberto Reynoso Dávila fue el juez que dictó aquellas sentencias para José Rosario Don Juan Zamarripa (1950) y Francisco Ruiz Corrales (1955), luego de valorar los delitos.

Según los periódicos de la época, Juan Zamarripa, de 45 años y originario de Tierra Nueva, San Luis Potosí, quien se desempeñaba como soldado, fue sentenciado “por haber mancillado y estrangulado a la niña Ernestina Leyva Cajeme, de 4 años de edad, en la comunidad de Pótam, municipio de Guaymas”.

Mientras que Francisco Ruiz Corrales, de 29 años, violó y estranguló a la niña María de la Luz Margarita Mendoza Noriega. El suceso aún es recordado en la capital de Sonora como el caso de La niña de los tomates.

“A sus seis años, acompañada de sus hermanitos vendía tomates en una cesta, y un día salió sola a hacer su vendimia, se topó con el agresor que bajo engaños se la llevó a un terreno baldío donde la ultrajó y le quitó la vida”.

Luego de las sentencias estuvieron presos y el 18 de junio de 1957, a las 4:00 horas, el juez Alberto Ríos visitó las celdas de la antigua penitenciaría —hoy Museo Regional de Sonora— para notificarles que en una hora serían ejecutados. Antes de pasar al patio de fusilamiento se les brindó un cigarrillo, después los colocaron de espaldas contra el paredón sin vendajes en los ojos. Otros presos sentenciados por violación fueron obligados a presenciar el fusilamiento.

A las 5:10 horas, un pelotón conformado de 10 militares descargó sus armas contra los acusados; cinco balas de Mausser de 7 milímetros abatieron a Don Juan Zamarripa y tres a Ruiz Corrales; sin embargo, no murieron, por lo que un oficial de policía se encargó de darles un tiro de gracia detrás de la oreja.

Tres horas después de haber sido abatidos por el pelotón fueron sepultados en el panteón municipal. En el bloque 12, pegados a la barda perimetral en el norponiente del camposanto están las dos tumbas, de las cuales ya se formó una leyenda; nadie sabe quién las mantiene pintadas de negro con la cruz de color rojo.

Juez cargó la cruz de la ejecución

Patricia Ríos Ulloa, hija del juez Primero del Ramo Penal, Alberto Ríos Bermúdez, quien ejecutó la orden y entregó a los reos al pelotón de fusilamiento, comentó que su padre cargó la cruz de los condenados, porque no estaba de acuerdo con la pena de muerte. Incluso le contó que por más de seis meses no pudo dormir, pero debía cumplir la orden del juez de la causa, Roberto Reynoso Dávila, quien falleció el pasado 11 de enero a los 96 años.

“Él fue encargado de avisarle a los reos que iban a ser ejecutados y también a los familiares; además de llevarlos por todo el pasillo con armas hasta el paredón de fusilamiento”.

Con nostalgia recordó que un día antes de morir su padre, en diciembre de 2006, memoró paso por paso lo que sucedió ese 18 de junio de 1957. “Él decía que mientras no hubiera una buena readaptación no podría haber penas de muerte y mientras no hubiera buenas investigaciones no debía haber pena de muerte”.

A la fecha, la pena de muerte no existe en ningún código penal del país, el último estado en eliminarla fue Sonora, el 7 de febrero de 1975.

En esos años el delito de violación alcanzaba una condena de 13 años de prisión; hoy el Código Penal del estado establece por este delito una pena de cinco a 15 años de prisión.

Aumentan denuncias por violación

A 60 años de las ejecuciones de Francisco Ruiz Corrales y José Rosario Don Juan Zamarripa, las denuncias por el delito de violación en el estado repuntaron 337.5%, en el primer trimestre de 2017, respecto al mismo lapso en 2016, según el informe del Observatorio Ciudadano de Convivencia y Seguridad del Estado. Se presentaron 35 denuncias contra ocho del año pasado.

En este contexto, Silvia Núñez Esquer, representante del Observatorio Nacional del Feminicidio, urgió a la Secretaría de Gobernación para que decrete la Alerta de Violencia de Género en Sonora, ya que aparte de las violaciones, hasta el 6 de julio de 2017 se registraron 31 feminicidios, siendo junio el mes de mayor incidencia con el número de 10. De los casos consumados, 51% se cometió en el municipio de Cajeme, 18% en Hermosillo, 6% en Nogales y 3.1% en el resto del estado.

La activista refirió que las últimas ejecuciones en México no se dieron por el hecho en sí de haber violado a dos niñas, sino por el agravante de haberlas matado, por lo que considera que desde hace 60 años la condición de indefensión de las mujeres es la misma, y la autoridad ha sido omisa para decretar la alerta de género, se atienda con una serie de protocolos a las víctimas y se castigue a los feminicidas.

Violación, delito que no se denuncia

Jorge Pesqueira Leal, doctor en Derecho y Sociología, dijo que la violación no se denuncia, y hasta existe una complicidad silenciosa entre las personas que están alrededor y la víctima.

Estamos viviendo en una época de impunidad. Lo que tiene que hacer el Estado y lo que debemos hacer los ciudadanos es incorporarnos a los procesos de readaptación social, consideró el especialista autor del libro Justicia restaurativa.