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Hace cinco años un grupo armado se llevó a tres profesionistas originarios de la Ciudad de México. El comando entró por ellos a sus habitaciones de un hotel en el municipio de Paracho, Michoacán. Desde entonces sus familiares no han bajado los brazos ni han perdido la esperanza de volver a abrazar a sus hijos; dejan correr sus lágrimas con ahogados gemidos, ya no con los gritos enloquecidos de los primeros meses. ¡Paracho, devuélveme a mis hijos!, es el grito unánime de estas familias que aún esperan un milagro.
A mil 825 días de su desaparición, aún se ignora el paradero de Ana Belém Sánchez de 34 años, Luis Enrique Castañeda de 27 y Diego Armando Maldonado también de 34, los tres jóvenes que viajaron a ese municipio de la meseta purépecha a impartir un taller de ciencia para niños. Fueron tres días de arduo trabajo comunitario, luego, decidieron formar parte de los miles de espectadores del Festival de los Globos de Cantoya que por primera vez se llevaba a cabo en ese pueblo localizado a 118 kilómetros de Morelia.
Un día antes del regreso a la capital del país, fueron privados de su libertad por integrantes del entonces grupo criminal preponderante en Michoacán: Los Caballeros Templarios, como consta en el expediente que obra en poder de la Procuraduría del estado.
A pesar de que las investigaciones indican que dos hombres y una mujer se los llevaron, los familiares acusan que sus hijos fueron levantados por un comando de aproximadamente 20 camionetas; una parte de ellas, de la policía del lugar.
De acuerdo con el expediente, el hecho delictivo fue originado por una disputa en una discoteca de la localidad y después los eventos de violencia se trasladaron al hotel donde se hospedaban los jóvenes. Las actuaciones ministeriales estiman que la privación de la libertad de los talleristas se llevó a cabo en un lapso de entre 15 y 20 minutos; no más. Además, la PGJE indicó que entre los criminales estaba una mujer que tenía una relación afectiva con uno de los sicarios que mantenían asolada la región, Ulises Medina Juárez, alias El Pájaro, quien los siguió hasta el hotel, peleó con los jóvenes por esa mujer y luego llamó a su jefe Cuitláhuac Mauricio Hernández, El Güero, para consumar el secuestro.
Esta hipótesis surgió 23 días después del rapto de los jóvenes, cuando El Pájaro y El Güero aparecieron asesinados a tiros. A partir de ese momento, fueron muchas búsquedas de las autoridades para encontrar a los jóvenes, más aún, cuando trascendió que uno de ellos, Enrique, era el líder juvenil del otrora partido político Convergencia.
El último operativo fue frustrado por pobladores de Paracho de la comunidad de Quinceo, quienes se opusieron a la entrada de la policía a una zona de barrancas, donde testimonios señalaban que se encontraban los cuerpos de las víctimas.
Herida abierta. En Paracho hablar de este caso incomoda a sus pobladores. El propio ex presidente municipal Nicolás Zalapa aseguró en su momento que su policía y él se enteraron del secuestro dos días después.
Pero la agonía más profunda es para las familias de Luis Enrique, comunicólogo, y de Diego y Ana Belém, sicólogos. “En general se dijo que los responsables fueron del crimen organizado…, hoy dicen en total incongruencia que fue en defensa propia que los levantaron”, citan los familiares. Laura Castañeda Guerrero, mamá de Diego y tía de Luis Enrique, cuenta con voz entrecortada que a cinco años de la desaparición los gobiernos estatal y federal, no ha hecho nada por encontrarlos.
El caso se trasladó a la Procuraduría General de la República, donde la ministerio público federal Mariana Sánchez aseguró a las familias, que entrevistó a los policías municipales y que “son gente humilde que apenas hablan español”. Según Laura Castañeda, la ministerio público les dijo que incluso se entrevistó con Jesús Reyna (ex gobernador interino detenido por crimen organizado) y que les dijo que “el señor era muy amable”, lo mismo que La Tuta (líder templario también detenido). Afirma que “pretenden hacer ver a nuestros hijos como ‘delincuentes’ y que fueron levantados en defensa propia”.
Alicia Nava Cruz, madre de Luis Enrique, ha pasado del dolor a la frustración, pues para ella, todas las autoridades y organismos de Derechos Humanos “muestran conchudez, cinismo y se olvidaron del caso”. Dice que su hijo estaba lleno de ilusiones por terminar su carrera, le gustaba la política, amaba a su hija y a su pareja que entonces estaba embarazada y tuvo un niño que ya no lleva su apellido porque no pudo comprobar el parentesco. “Uno va muriendo poco a poco por la esperanza de que regresen vivos porque no fueron a hacer ningún daño. Les pido que por humanidad nos den alguna pista y nos digan por qué se los llevaron; en mi corazón yo siento que mi hijo está vivo, igual que Toño y Ana, siento su coraje, su frustración”.
Reveló que una persona de nombre Juan Ramón Ávila se presentó como sacerdote; les dijo que perteneció al Cártel la Familia Michoacana cuando era buena y que podía ir a Paracho a rescatar a los muchachos. “Se le estuvo dando dinero para viáticos, alrededor de 67 mil pesos. Más tarde pidió 500 mil pesos, se los dimos y después dijo que los secuestradores pedían millón y medio por cada joven. Mariana Bretón, madre de los dos hijos de Quique, dice que a los tres jóvenes se los tragó la tierra del crimen organizado y la corrupción. “No creo que exista justicia…, no sé qué es porque aún no la he experimentado, la cuenta va en cinco años”, remató.
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