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Más de cinco mil presos han salido de las cárceles de Baja California en menos de año y medio, debido a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal a nivel federal y la reducción del catálogo de delitos que ameritan penas de prisión, lo que derivó en que la población carcelaria se redujera de casi 17 mil presos, a inicios de 2016, a 11 mil 965 actualmente.
Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para junio de 2016, el número de reclusos era de 16 mil 021: tres mil 569 en Mexicali; cinco mil 724 en Tijuana; mil 618 en Ensenada; y cinco mil 110 en Tecate. Un año después, Baja California reporta 11 mil 965 presos en los cinco penales de la entidad, de acuerdo con cifras proporcionadas por la subsecretaria de Sistema Penitenciario a EL UNIVERSAL. El Centro de Reinserción Social con mayor población es el Cereso Tijuana con tres mil 764 reos, le sigue el penal de El Hongo con tres mil 609 internos, después el de Mexicali con dos mil 824 personas, en cuarto lugar Ensenada con 998 presos y El Hongo II con 704.
En entrevista, David Limón, subsecretario del Sistema Penitenciario, dijo que sin esta despresurización de las cárceles, la población penitenciaria seguiría al alza, pues en su pico máximo el estado llegó a tener 18 mil presos. “Ya no tenemos hacinamiento, ha bajado, ha beneficiado en cuanto a gasto y atención personalizada”. aseguró.
A pesar de ello, consideró que “la ley ha sido muy beneficiosa con quien ha cometido un delito (...) El juez lo suelta y les pone brazalete, el problema es que los jueces no tienen instituciones a dónde mandarlos. Desgraciadamente el país no está formado con instituciones donde está gente pueda ir a lograr una verdadera reinserción, no existe”.
Lamentó que en México no haya centros donde realmente se trabaje la reinserción de las personas que cometieron un delito, pero que no pisarán la cárcel, por lo que consideró que existe una curva de reincidencia. De acuerdo con el subsecretario, los cinco mil internos que han salido estaban presos por delitos tanto del fuero federal como del fuero común. “De ambos han salido. Del común de robo, lesiones, delitos sexuales, y del federal, por la cantidad (que portaban) de algún estupefaciente, portación de armas exclusivas del Ejército, entre otros”.
Menos reos, pero más violencia.
Ante la despresurización de las cárceles, Tijuana es una de las ciudades que podría verse afectada, pues en palabras de su alcalde, Juan Manuel Gastélum, no se tiene información de dónde están trabajando estas personas, o a qué se dedican, por lo que considera su salida como un factor que incide en el aumento de violencia en la ciudad.
Hasta el 30 de mayo, Baja California ha registrado 801 homicidios dolosos y Tijuana ha acumulado 577, es decir, 72% de ese total. El mes más violento fue mayo, pues la ciudad reportó en solitario 158 asesinatos de los 197 de toda la entidad, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El edil pone como ejemplo que la portación de armas de uso exclusivo del Ejército no está considerado en el nuevo catálogo de conductas que ameritan prisión preventiva, y quienes son aprehendidos por ese delito pagan la fianza y salen para seguir su proceso en libertad, lo que a su juicio genera impunidad y desincentiva la denuncia: “Coincide con los números, es una problemática que se nos ha dado”.
De mayo a la fecha, en la ciudad se han decomisado 365 armas a casi igual número de personas que no permanecieron presas. Además, según datos municipales, de enero al 11 de julio de 2017 en Tijuana han sido detenidos dos mil 618 presuntos delincuentes, pero sólo 338 se encuentra en prisión preventiva, lo que significa que 87 de cada 100 sigue su proceso en libertad.
“Aunque se matice, en el fondo lo que dice Mancera es cierto. Es más, yo me iría más allá un exhorto a los ministros de la Suprema Corte, que salgan a la calle, que dejen todos sus beneficios y consulten con el ciudadano. No podemos tener ministros socialmente irresponsables en aras de una presunta liberta de derechos humanos, están perdiendo de vista que los derechos humanos son para los humanos derechos.”
En esa misma línea se expresó David Limón, subsecretario del Sistema Penitenciario, quien señaló que aun con los beneficios de la implementación del sistema de justicia existen impactos negativos en la población. “Coincido, efectivamente, el sistema los está soltando, yo encantado de la vida porque tengo libre todo el penal pero estoy preocupado también por la calle, acá en BC ha crecido el índice de delitos, hemos tenido desgracias en consultorios, en la vía pública, asaltos y sí se nota. Y es por eso”, afirma.
De acuerdo con el doctor Martín Barrón del Inacipe, es necesario ver por qué otras razones se da el repunte de la violencia, pues para afirmar que la liberación de los internos es la causa se tendrían que tener elementos estadísticos, así como detener a quien ha cometido esos delitos y ver si forma parte o no de los 5 mil liberados.
“El gran problema del Sistema Penal acusatorio es que se le está echando la culpa de todo, pero lo que se obvia es la deficiente capacitación que tienen los ministerios públicos, los policías y los peritos, porque son ellos los responsables de imputar los delitos y si no lo saben obviamente los jueces los van a liberar”, concluye el especialista.
