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El gobierno federal aceptó la responsabilidad de la muerte del niño Hidelberto Reyes García, de 12 años, ocurrida el 19 de julio de 2015 cuando 14 soldados del 65 Batallón dispararon contra pobladores de la comunidad de Santa María Ostula, en Michoacán; sin embargo, la madre del menor, Emilia García Cabrera, insiste en que la indemnización que prepara la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi) no es lo primordial, pues las autoridades deben presentar una disculpa pública y personal.

“Yo les digo que ya lo que pasó sí los perdono, pero que vengan, que me pidan disculpas, que me pidan perdón, porque ellos lo hicieron, y que no digan que no lo hicieron, ellos mataron a mi hijo”, señala la mujer, quien vive a la orilla del mar en la encargatura de Ixtapilla, a unos 200 metros del lugar donde fue abatido su hijo.

La defensa jurídica de la comunidad confirmó que la Ceavi prepara la indemnización para la familia del menor y otras 11 personas que resultaron heridas ese día, y coincidió en que es necesaria una disculpa pública y personal de los gobiernos federal y estatal, particularmente del general Felipe Gurrola Ramírez, entonces coordinador de las Fuerzas Armadas en Michoacán, pues días después de los hechos afirmó que habían sido civiles armados, presuntamente del poblado, quienes mataron al menor e hirieron al resto.

Aunque la Procuraduría General de la República (PRG) continúa integrando una averiguación previa por este caso, el 22 de diciembre de 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 65/2016, en la que logró determinar que fueron 14 soldados del 65 Batallón los que dispararon en 133 ocasiones contra los pobladores de Ostula.

Los habitantes protestaban con un bloqueo carretero por la detención, ese mismo día, del comandante de su policía comunitaria, Semeí Verdía; una de esas balas mató a Hidelberto, quien realizaba compras en un establecimiento ubicado a la orilla de la carretera.

La investigación estableció que el 19 de julio de 2015, tras detener a Verdía en La Placita, Aquila, y enviarlo en helicóptero a Morelia, los elementos del 65 Batallón fueron enviados por la carretera Federal 200 a Lázaro Cárdenas y se enfrentaron con tres bloqueos al cruzar la comunidad de Ostula: los dos primeros en Xayakalan y El Duín, que logran sortear, el tercero en el Puente de Ixtapilla, donde unos 250 pobladores no los dejaron pasar.

Por lo anterior solicitaron refuerzos y acudieron más elementos del 65, 30 y 82 batallones del Ejército, de las secretarías de Marina y de la de Seguridad Pública de Michoacán; en total 495 elementos y 42 vehículos.

La CNDH señala que aunque las autoridades lograron romper el cerco, varios soldados dispararon en 133 ocasiones al aire y en contra de la población. En las 188 fojas de la recomendación se determina que la trayectoria de la bala que mató a Hidelberto provino de un vehículo militar.

La defensa legal de la comunidad indicó que días después de lo ocurrido causaron baja del Ejército varios de los soldados que dispararon ese día; la PGR no ha logrado localizarlos para continuar con las diligencias.

Al respecto, la madre del niño insiste: “¿Por qué se salieron de su trabajo? Porque saben bien que cometieron sus errores, por eso se salieron, si ellos no lo hubieran cometido no se hubieran salido; deberían de reconocer sus errores, hubieran dicho: ‘Sí lo hicimos, y yo le voy a ir perdón a la señora’. ¿Pero cuándo han venido?”.

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