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El vicepresidente de la Cámara de Diputados, el panista Javier Bolaños, presentó una segunda denuncia contra el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, ahora ante el Órgano Interno de Control de esta dependencia, así como contra el director general de Carreteras, Clemente Poon Hung, y el ahora ex director de la SCT-Morelos, José Luis Alarcón, por la presunta responsabilidad de los tres funcionarios en el socavón que se abrió en el libramiento Paso Exprés de Cuernavaca.
El legislador pidió al Órgano Interno de la SCT “practicar todas las diligencias y estudios técnicos necesarios para llegar al fincamiento de las responsabilidades administrativas a que haya lugar, considerando las sanciones de destitución e inhabilitación del cargo de los servidores públicos denunciados, en términos de lo señalado por los artículos 53 y 54 de la Ley antes invocada”, expone en el documento en poder de EL UNIVERSAL.
En el texto, se explica que el Paso Exprés Tlahuica de Cuernavaca, ubicado a 85 kilómetros al sur de la Ciudad de México, fue construido por la Empresa ALDESA, con una inversión superior a los 2 mil 213 millones de pesos, bajo concesión otorgada por la SCT, y puesta en funcionamiento el 5 de abril del año 2017, por el Presidente de la República, el gobernador de Morelos, el edil de Cuernavaca y otras autoridades.
El jueves, Javier Bolaños presentó una denuncia previa ante la Procuraduría General de la República en contra de Ruiz Esparza, Poon Hung y Alarcón.
Exigen pago. Por su parte, la bancada del PRD en la Cámara de Diputados pidió a las empresas constructoras hacerse responsables de los gastos de reparación del socavón, así como indemnizar a los familiares de las víctimas.
“Las empresas constructoras son las responsables inmediatas, aunque el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, es responsable por su ineficiencia”, subrayó Alejandro Ojeda, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
En tanto, el diputado federal de Morena, Vidal Llerenas, aseguró que el secretario debe renunciar por los hechos. El legislador recordó que la Auditoría Superior de la Federación documentó una serie de irregularidades en esta construcción por más de 270 millones de pesos.
Asimismo, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el perredista Francisco Martínez Neri dijo que es inaudito que luego de la tragedia, el gobierno federal sólo haya destituido a un funcionario.
