Al ser entrevistado en las inmediaciones de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, negó haber sustraído recursos del erario para su beneficio personal y rechazó que pudiera evadir la acción de la justicia, ante el inicio de dos nuevas investigaciones en su contra por enriquecimiento ilegítimo y peculado.
Compareció ayer en la fiscalía, acompañado por su defensor, Javier Flores Saldívar, para conocer los nuevos delitos que se le pretenden imputar.
El titular de la dependencia, Ernesto Canales, explicó que una de las carpetas de investigación es por enriquecimiento ilegítimo por un incremento en el patrimonio que el ex gobernador señaló en sus declaraciones, y la segunda por peculado, debido al uso indebido de aeronaves y helicópteros. Medina dijo desconocer en el último caso qué delito se le pretende imputar.
Expresó que el expediente es voluminoso y no pudo enterarse de todo su contenido, pero solicitó copias de ambos textos y pidió un plazo de 15 días para responder por escrito a una serie de preguntas que se le plantearon y que servirán tanto para aclarar los puntos que le planteó la subprocurarduría como para señalar elementos en su favor.
Medina aseguró que la fiscalía no señaló cuándo serían las citas para las audiencias de imputación ante un juez de control, mientras Canales afirmó que serán los días 24 y 29 de septiembre, sin recordar cuándo sería por cada delito concreto.
Rodrigo Medina rechazó los señalamientos de Canales, en el sentido de que hay indicios que permitirían buscar la imputación de delitos por enriquecimiento ilegítimo de Greta Salinas, su esposa, y de su padre, Humberto Medina.
Canales argumentó: “No sólo estamos contra los ex funcionarios, sino contra todos los que hayan cometido actos de corrupción”. Medina respondió: “Claro que no, yo creo que todo está claro, hemos respondido con total transparencia, no vemos ningún delito cometido”.
Hasta hoy el ex mandatario ha sido vinculado a proceso por los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y daños al patrimonio estatal, que se derivaron de supuestos estímulos al margen de la ley, otorgados por su gobierno a la armadora automotriz coreana, Kia Motors, por un monto de 3 mil 680 millones de pesos.