DIF Guanajuato interviene albergue La Ciudad de los Niños, en Salamanca

El sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) intervino el albergue La Ciudad de los Niños, en Salamanca, y se hizo cargo de las niñas, niños y adolescentes que ahí residen, en donde, de acuerdo a un juicio de amparo, menores han sufrido maltrato físico, emocional y abusos sexuales.

El DIF estatal señaló que la medida se tomó a través de la Procuraduría Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA), con base en las valoraciones que ha realizado a La Ciudad de los Niños en Salamanca.

En noviembre de 2016, el entonces presidente Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún inauguraron la ‘Ciudad Juvenil’, junto el padre Gutiérrez Farías, y se dijo que en el sitio atendían a 200 niños.

Este miércoles, el DIF estatal informó en un comunicado que se determinó intervenir la administración de la asociación civil La Ciudad de los Niños en Salamanca.

Con base en la sentencia de amparo del Juzgado Noveno de Distrito en Guanajuato, la PEPNNA ha decretado dos medidas de protección especiales, tales como la vigilancia del perímetro de los inmuebles administrados por la Asociación Civil, misma que se implementó desde el pasado sábado 1 de julio del presente pasado.

La PEPNNA se presentó en el inmueble principal de la asociación civil, a fin de intervenir de manera multidisciplinaria a las niñas, niños y adolescentes residentes de la misma, siendo 63 quienes se presentaron y dispusieron a participar en la actividad que involucró psicólogos, abogados, trabajadores sociales y médicos a fin de conocer el estado que guardan los mismos, para posteriormente proceder con la restitución de los derechos que se identifiquen vulnerados, de ser el caso.

Se detectaron 5 casos de menores que en dictámenes recomiendan que deben recibir atención psicológica en condiciones adecuadas de mayor alcance y profundidad.

El Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato exigió que se aplique la justicia ante los abusos cometidos en La Ciudad de los Niños Salamanca.

El organismo destacó que ha tenido conocimiento de la sentencia del juicio de amparo 475/2016-VIII emitida por la Juez Noveno de Distrito, de la violencia ejercida en agravio de los albergados en La Ciudad de los Niños Salamanca, que dirige el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías.

En la sentencia, explicó, pueden observarse múltiples violaciones a las “Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños de la Asamblea de las Naciones Unidas (A/64/434)” y a los ordenamientos nacionales y estatales.

Destacó que existen irregularidades en la situación jurídica de las niñas y los niños, ya que el titular del albergue registró como hijos a quienes ingresaron de forma voluntaria, con la complicidad de los juzgados civiles; así como violencia emocional, física e incluso sexual, caracterizado por maltrato sistemático, amenazas y aislamiento.

También hay “múltiples denuncias penales presentadas en 2009 tanto en Salamanca como en Querétaro que no presentan avances en la investigación, por delitos de violencia y de abusos deshonestos cometidos por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías y personal a su cargo contra menores de edad. Eso incluye también el delito de ocultamiento de menores de edad”.

En un posicionamiento, la asociación civil solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Comisión Nacional de Derechos Humanos ( CNDH) y a la Procuraduría Federal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que atraigan el caso y que coadyuven para que estos casos no se vuelvan a repetir.

En un comunicado, destacó que la sentencia del amparo establece que en La Ciudad de los Niños en Salamanca existe violencia generalizada contra las niñas y los niños que ahí residen, señala que no hay una perspectiva de temporalidad de la institucionalización como señalan las Directrices, y que este albergue opera con múltiples irregularidades de omisiones del marco municipal, estatal y federal.

Se pronunció por se atiendan las medidas establecidas por la juez que otorgó el amparo y el Ministerio Público investigue los hechos de manera pronta, completa, imparcial y profesional de los delitos denunciados; incluyendo la investigación al personal de registro civil que hubiese incurrido en delitos contra la filiación y el estado civil.

Asimismo, que se dicten medidas de protección a favor de las niñas y los niños para que sean resguardados por la Procuraduría de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y el DIF estatal, sin revictimizar y dando oportunidad para quienes se encuentren en la mayoría de edad decidan libremente dejar los centros de acogida, que los actos no vuelvan a repetirse.

La organización civil pidió que se deslinden las responsabilidades de particulares y se sancione por la vía penal los delitos cometidos y documentados, que se establezca claramente las responsabilidades estatales (por acción u omisión) de funcionarios municipales y estatales que conocieron los hechos, incluyendo la responsabilidad institucional.

A las organizaciones nacionales e internacionales les pide se constituyan en un observatorio que fortalezca las capacidades institucionales de los órganos estatales.

Destacó el incumplimiento de normatividad obligatoria para centros de acogimiento residencial, tanto en términos administrativos como de protección civil, y especialmente sobre su modelo de asistencia social.

Puntualizó que la ausencia de supervisión y sanciones es responsabilidad de las autoridades municipales, estatales y federales.

Mencionó que se visibilizan omisiones en la actuación de la Procuraduría de Derechos Humanos que declaró inadmisibles quejas en 2009 “por no haber materia” y por ser particulares quienes fueron señalados de violencia al interior del albergue.

El DIF estatal informó que a lo largo del último año se han estado realizando diferentes acciones tendientes a salvaguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes que viven en La Ciudad de los niños Salamanca, dando parte y solicitando información referente al tema a las autoridades correspondientes tales como la Procuraduría General de Justicia, misma que ha tenido a bien abrir las carpetas de investigación correspondientes.