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El primer semestre de 2017 fue el peor en cuanto a los homicidios dolosos en cuatro años en Nuevo León y, de acuerdo con las cifras oficiales, en el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, se revirtió la tendencia a la baja que se venía registrando desde 2013.
De acuerdo con los datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el periodo enero-junio de 2014 hubo 272 homicidios dolosos, mientras que en el mismo periodo de 2015 se registraron 227 casos, aun en la administración de Rodrigo Medina.
Ya en el gobierno de El Bronco —quien asumió el cargo el 4 de octubre de 2015—, de enero a junio de 2016 la cifra de homicidios dolosos se disparó hasta los 330 casos, hecho que el gobernador atribuyó a la masacre de febrero en el penal de Topo Chico, que dejó 49 muertos. En octubre de 2016 al cumplir su primer año de gobierno, Rodríguez emplazó a su secretario de Seguridad, Cuauhtémoc Antúnez, y al procurador de Justicia, Roberto Flores Treviño, para reducir en dos meses los índices delictivos, o se irían. No obstante el ultimátum, para el semestre julio-diciembre de 2016 se registraron 314 homicidios dolosos, apenas 16 menos que en el periodo previo.
El 14 de febrero de 2017, el procurador Flores Treviño renunció de manera irrevocable, pero no por la falta de resultados, sino por el cese de varios de sus familiares que trabajaban en la administración estatal, lo que está prohibido por la Ley de Responsabilidades. Su lugar fue ocupado por el subprocurador, Bernardo González Garza.
En tanto, el secretario de Seguridad, Cuauhtémoc Antúnez, dejó su cargo el 12 de mayo pasado argumentando “motivos personales”. El general Arturo González García ocupó el cargo.
Los cambios en Seguridad Pública y la Procuraduría no se han reflejado en los índices de violencia, pues en el periodo enero-junio de 2017 se presentaron 349 homicidios dolosos, la cifra más alta si se compara con los últimos cuatro semestres.
Justificaciones. El 30 de mayo, los presidentes de cinco cámaras empresariales y una asociación civil ligada al sector privado dieron a conocer un estudio del Tecnológico de Monterrey donde se indicaba que sólo 9% de los ciudadanos “se siente seguro de vivir en Nuevo León”, un deterioro que no se presentaba desde septiembre de 2012.
El gobernador respondió que era un problema de percepción, por culpa de los medios de comunicación, quienes afirmó: “Se la pasan jorobe y jorobe”. Días después lo atribuyó a carencia de recursos para negociar la estancia de más militares y contratar policías. Argumentó que no hay quien acepte ser preventivo pese a que se les ofrece un sueldo de 20 mil pesos, mientras un maestro gana 7 mil.
Otra medida para enfrentar el problema fue la contratación de la empresa neoyorkina Exiger Advisory, que el pasado 5 de julio inició reuniones con funcionarios de las áreas de seguridad a fin de elaborar en seis meses un diagnóstico y un plan de acción.
El especialista en seguridad Max Morales Martínez advirtió al gobierno estatal durante un foro sobre el tema que no compre espejitos, “porque Nuevo León no es Nueva York” y no es la misma problemática.
