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El estado de Tamaulipas, en el que recientemente se han registrado más hechos de violencia en el interior de sus penales le fueron asignados en 2016 13.1 millones de pesos, de los cuales sólo ejerció 8 millones, según cifras del “Mecanismo de Evaluación y Transparencia de recursos federales en materia de seguridad pública”.
El pasado miércoles, Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, señaló que uno de los temas a revisar en la 17 sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Publica sería el de los recursos destinados al sistema penitenciario en las entidades, emanados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Sales Heredia enfatizó en su visita a Morelia, que dentro de esta revisión que realizarían con todos los titulares de Seguridad Pública del país, iban a analizar cuántos recursos han sido asignados al sistema penitenciario, cuántos se utilizan y, cómo detectar que efectivamente se destinen para lo que fueron generados.
Lo anterior derivado por la crisis de violencia que enfrentan las autoridades federales y estatales en las diferentes cárceles, como el caso de Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde el pasado martes un motín generó enfrentamientos armados al interior del penal, que dejaron un saldo de siete muertos y 13 lesionados.
Al respecto, EL UNIVERSAL investigó el monto destinado para las el sistema penitenciario del país y encontró que para este 2017 los recursos destinados ascienden a 702 millones 737 mil 116.65 pesos. Los datos fueron publicados el pasado 24 de abril en la plataforma “Mecanismo de Evaluación y Transparencia de recursos federales en materia de seguridad pública”.
Dicho informe señala que el total está compuesto por el convenio federal, que representa 590 millones 726 mil 192.42 pesos y el convenio estatal, que suma 112 millones 10 mil 924.23 pesos.
Estas cantidades, menciona, son destinadas para Sistema Penitenciario, Acreditación de Establecimientos Penitenciarios y Justicia Penal para Adolescentes.
Esta plataforma de consulta pública, no cuenta aún con la distribución de ese total por entidad federativa para este año. Sin embargo, revela que en el 2016, se ejercieron solamente 59.6 por ciento de del total del gasto, es decir 384.2 millones de pesos, de los 644.2 mdp que fueron destinados para el Sistema Penitenciario y de Justicia Penal para Adolescentes y dejando sin ejercer 40.4 por ciento.
Del total no ejercido (260 millones de pesos), especifica la gráfica “Ejercicio de Recursos con Prioridad Nacional”, 80.5 mdp fueron comprometidos y faltan por ejercerse y devengarse.
En 2016, el estado de la República que más recursos le fueron destinados por el FASP fue Oaxaca con un monto de 644.2 millones de pesos, de los cuales sólo ejerció 384.2. Le sigue Baja California con 76.4 mdp, y ejerción 52.4 mdp. En el caso de Nuevo León se le etiquetaron 64.4 mdp y utilizó solamente 13.8. La Ciudad de México contó con 59.5 mdp y aprovechó 56.6. Y en el quinto lugar está Guanajuato al que se le asignaron 48.7 mdp, y ejerció 28.8.
En el caso de los estados que han registrado problemas en sus penales no han ejercito todo el presupuesto que se les ha asignado. Tamaulipas, por ejemplo contaba con 13.1 millones de pesos y ejerció sólo 8; en tanto a Sinaloa le etiquetaron 20.6 mdp, de los cuales ejerció 20.4.
Uno de los casos que más llamó la atención es el de Coahuila al que le asignaron 18.6 mdp y sólo ejerció 0.4.
Para ese ejercicio fiscal, a Michoacán no se le destinaron recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, mientras que los estados de Puebla e Hidalgo fueron a los que menos recursos les fueron etiquetados; Puebla con un monto de 2.1mdp, cantidad que ejerció en su totalidad e Hidalgo al que le fueron asignados 3.9 mdp y utilizó solamente 0.6.
