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A siete años de la tragedia que enlutó al país, la justicia para las víctimas de la guardería ABC ha sido lenta; apenas, el año pasado, un juez de distrito dictó sentencia a 19 de 22 presuntos culpables, todos ellos funcionarios de menor rango o empleados del centro infantil.
Pero estas sentencias han sido apeladas tanto por los sentenciados como por los familiares de las víctimas que han insistido una y otra vez que la responsabilidad está en funcionarios de primer nivel y no en servidores de menor rango o empleados del centro infantil.
Las personas sentenciadas no irán a la cárcel de inmediato porque el juez dictó sentencia por el delito de homicidio y lesiones culposas, considerados delitos no graves, por lo que las siguientes etapas del proceso estarán libres hasta que finalicen las etapas legales subsecuentes y la sentencia quede firme.
El proceso podría durar de tres a cinco años más, de acuerdo con los abogados de los familiares de las víctimas.
Inicialmente había 32 personas procesadas —se incluía a funcionarios de alto rango de los tres niveles de gobierno— por el caso, pero la lista se depuró a 22. Los 10 restantes obtuvieron una sentencia absolutoria, hubo un sobreseimiento o se extinguió la acción penal tras el perdón otorgado a su favor por los ofendidos.
Los padres de familia de los menores fallecidos o lesionados han demandado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que también sean castigados el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours; ex alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara, y el ex director del IMSS, Daniel Karam, entre otros.
En este caso también fueron beneficiados con una sentencia absolutoria anticipada dos de los cuatro dueños de la guardería ABC: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de la ex primera dama, Margarita Zavala, y Gildardo Urquídez Serrano.
En mayo de 2016, se sentenció a dos de los cinco dueños de la Guardería ABC a 28 años de prisión, lo que no es suficiente para padres de los niños que murieron en el incendio
EL UNIVERSAL documentó en mayo de 2016 que en la expedición de permisos de operación de la guardería participaron funcionarios de los tres niveles de gobierno; unos 10 funcionarios han estado en la cárcel y han salido libres bajo fianza. Hoy no hay ningún encarcelado.
Los primeros 10 funcionarios sin sentencia —recursos obtenidos en diversos años—, inicialmente fueron señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya resolución de noviembre de 2010 documentaba su responsabilidad, como en el caso de Juan Francisco Molinar Horcasitas, quien falleció en mayo de 2015, pues como director general del IMSS autorizó la operación de la guardería.
Otros de los responsables, según el dictamen, fue Eduardo Bours, gobernador de Sonora de 2003 a 2009, al considerar que era el responsable directo de la operación del Sistema Estatal de Protección Civil y encargado del diseño de las políticas públicas en la materia.
En el caso de Ernesto Gándara, ex edil de Hermosillo, fue señalado de ser responsable al encabezar la integración y funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Civil; se le atribuye la falla del sistema en detectar y mitigar el riesgo exponencial al que estaba sujeta la Guardería ABC.
