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Sobre una de las principales avenidas de Tepic, en contraesquina de la Universidad Autónoma de Nayarit, se ubica el reclusorio más sobrepoblado del país y uno de los peores evaluados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Se trata del Centro de Readaptación Social Venustiano Carranza, aunque para quienes se encargan de administrar este sitio, esos datos no reflejan la realidad completa, pues consideran que con un ingreso promedio de 34 pesos diarios por interno, es mucho lo que se hace para mantener el control de dos mil 470 personas —entre ellas 122 mujeres— en un lugar diseñado para albergar solamente a 850.
EL UNIVERSAL pudo acceder al reclusorio y hablar con parte del personal que ahí labora, con familiares de los internos en día de visita y con algunos reclusos. La condición: no grabar, no tomar fotografías y no publicar sus nombres.
En general, hay precarias condiciones de infraestructura, falta de mantenimiento y evidente hacinamiento, pero en domingo, cuando entran al rededor de mil 200 personas para visitar a sus familiares y prácticamente se confunden con la población del penal, que no lleva uniforme, todo parece transcurrir en calma.
Autoridades del reclusorio reconocen que hay recomendaciones de derechos humanos por la sobrepoblación, por la calidad de la comida y por los servicios de salud que son insuficientes, pero aseguran que todo eso tiene que ver con los pocos recursos que reciben; en cambio, dicen, hay una estrategia de control que ha funcionado y evita que a pesar de la sobrepoblación, se presenten motines o exista el autogobierno.
Afirman que las recomendaciones de derechos humanos se generaron durante la anterior administración del penal, pero se han estado corrigiendo las cosas a partir de la llegada a la dirección, en diciembre pasado, de Pavel Emilio Valdez, quien ya había ocupado ese cargo a inicio del sexenio del gobernador priísta Roberto Sandoval.
Como ejemplo mencionan que se rescindió el contrato con la empresa que servía los alimentos por la mala calidad de éstos y nuevamente son algunos de los internos los que se hacen cargo de preparar la comida.
En promedio, para un reo federal se asignan 89 pesos diarios, por lo que los más de 300 que hay en esta prisión prácticamente subsidian al resto y así se logra el promedio de 34 pesos diarios para cada uno; “con 50 pesos por interno resolveríamos todo”, dice uno de los entrevistados.
Para poder saber lo que ocurre y se dice entre los internos, la administración del penal tiene una red de informantes anónimos, además de una estructura organizativa que divide a los presos por el tipo de oficio que realizan dentro, así cada grupo tiene un coordinador que se encarga de mantener la disciplina y organizar el trabajo; a su vez todos los coordinadores reportan a otro interno que es el encargado general del orden.
¿Qué le falta al penal?, se le pregunta a uno de los internos que trabaja en el mantenimiento del penal.
—¡Uy!, de todo, muchas cosas, es un edificio muy viejo, de los años 60, por ahí [1963].
En la calle es fácil reconocer a quienes vienen de visita, en su mayoría son mujeres que cargan bolsas con comida y algo de ropa, tras ellas van los niños.
Aseguran que los presos se quejan principalmente de la comida (bofe le dicen), que les cobran 20 pesos diarios por el aseo, hasta tres mil 500 pesos por tener derecho a una cama, que no les dejan meter artículos de limpieza para que los compren en las tiendas ahí dentro y que hasta si organizan alguna actividad recreativa les piden dinero.
Prefieren no ser identificadas para no meter en problemas a sus familiares: “Luego nos los golpean”, dice una mujer mayor.
Adentro, las autoridades del reclusorio señalan que quien no quiere hacer nada debe pagar por todo: “hay quien no quiere trabajar, a muchos no les gusta limpiar [talacha le llaman] y otros internos les cobran 20 pesos por hacer la parte que les correspondería; es muy fácil pedirle dinero a la familia diciendo que si no pagan por tal o cual cosa los van a golpear”.
—¿Por qué cree que le destinen tan pocos recursos al penal? ¿No es una prioridad para el estado? — se le pregunta a uno de los funcionarios.
—Es un tema de presupuestos, yo creo, y como el reclusorio no genera dinero al estado, pues ahí está la respuesta.
