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La reforma al código penal en Baja California Sur q ue aprobó el Congreso del estado por la que se despenalizó el exceso de legítima defensa es equivocada y debe revertirse a la brevedad, consideró el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Daniel Gallo Rodríguez.
Entrevistado por EL UNIVERSAL, indicó que es un error de tipo “técnico-jurídico” y no corresponde al fondo u objetivo, según se planteó en la propia iniciativa del diputado Alfredo Zamora, toda vez que antes que beneficiar al ciudadano, lo deja más vulnerable frente a una situación de riesgo.
Lo anterior –explicó- porque parte de una premisa equivocada de que el exceso en la legítima defensa sea un delito; contrario a ello –dijo—“es una atenuante de un delito, puede ser de homicidio o lesiones, etcétera”.
Reiteró que “no es un castigo sino un beneficio o atenuante”, en caso de que un ciudadano por cualquier circunstancia no pueda cumplir con alguno de los requisitos que la ley establece para considerar que hubo legítima defensa.
“Quedamos en una situación delicada, que lejos de beneficiar al ciudadano, insisto, queda más vulnerable frente a las hipótesis en las que pudiera darse la legítima defensa, además, creará mucha confusión, más de que había antes”, expresó.
Por ello, recalcó que los diputados deben rectificar.
Mencionó que el Poder Judicial del estado emitió una opinión previa a la modificación en la que subrayaba la necesidad de no avanzar con la reforma; sin embargo, no fue tomada en cuenta.
Con todo, recordó que existen mecanismos para que pueda revertirse, máxime en un contexto de violencia que enfrenta la entidad. La reforma podría ser vetada por el gobernador, Carlos Mendoza Davis, incluso impugnada por organismos de derechos humanos, o bien, los legisladores podrían rectificar.
Finalmente –resaltó que la justificación del aumento en los delitos del orden común como el robo a casa habitación que se planteó en la iniciativa no es una justificación válida y es urgente que se lleve a cabo también una campaña de difusión para que los ciudadanos entiendan de qué se trata el exceso en la legítima defensa y no se generen mayores confusiones.
La reforma a los artículos 31 y 87 al código penal de BCS fue impulsada por el diputado Alfredo Zamora, y aprobada por 18 de 20 diputados; solo la diputada Maritza Muñoz y Guadalupe Saldaña se abstuvieron.
Intelectuales, académicos, defensores de derechos humanos en la localidad se han pronunciado en contra de la reforma, toda vez que argumenta, se estaría aprobando -y alentando- la justicia por propia mano y legitimando la violencia ante un estado incapaz de hacerle frente.
cg
