La jefa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Tabasco, Paola Bolognesi, informó que los 399 desplazados de Guatemala que se asentaron en la línea fronteriza en el municipio de Candelaria, Campeche, no quieren solicitar refugio en México porque buscan regresar a su país.
En entrevista, explicó que una comitiva encabezada por ella acudió a la comunidad El Desengaño, para constatar la situación en la que se encontraban los guatemaltecos, a quienes les informaron sobre el derecho que tienen de solicitar su condición de refugiados en México.
“Ellos no quieren pedir el refugio en México; ellos quieren regresar a su país, Guatemala, y están negociando con el gobierno el acceso a tierra; nosotros esperamos la solución, que tanto el gobierno como las personas logren un acuerdo satisfactorio a la brevedad posible, mientras seguimos coordinando acciones e intercambio de información con Guatemala para que se busquen soluciones que tomen en cuenta sus derechos humanos”, dijo.
Paola Bolognesi afirmó que están pendientes de esta problemática y destacó el apoyo que los habitantes de El Desengaño les han dado a los desplazados. “Todos los días están entregando comida que ellos preparan y también las instituciones mexicanas, la verdad, han dado respuesta. Hay presencia del Grupo Beta, del INM y la Cruz Roja Mexicana”, refirió.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de los 399 guatemaltecos desplazados que se han asentado en la línea fronteriza: 35 mujeres (12 embarazadas), 213 niños y adolescentes (entre ellos, 10 recién nacidos) y 151 varones, de éstos ocho son adultos mayores.
La jefa de la Oficina de ACNUR en Tenosique dio a conocer que en lo que va del año se han presentado 152 solicitudes de ciudadanos centroamericanos que buscan ser refugiados por el gobierno mexicano, y detalló que todo el proceso tiene una duración de tres a cuatro meses, aproximadamente.
Dijo que las solicitudes presentadas en Tabasco son en su mayoría de personas de origen hondureño, mientras que en Chiapas predominan los salvadoreños. Recordó que en 2016 fueron casi 9 mil las peticiones que se presentaron y de ellas, 60% se declaró procedente.
Fase de espera. El comisionado presidencial de Derechos Humanos del gobierno guatemalteco, Rokael Cardona, informó que el conflicto con 399 comunitarios que hace 20 días ingresaron a Campeche, entró a una fase de espera, mientras la Corte Constitucional de Guatemala se pronuncia sobre un recurso de amparo que los desalojados plantearon para exigir que se revierta el proceso de desalojo de sus tierras.
“Acordamos que al momento en que se tenga la resolución de la Corte, retomaremos el diálogo”. Sin embargo, y mientras el tribunal constitucional emite su veredicto, el gobierno del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, “seguirá apoyando con ayuda humanitaria” que entregará a los 399 guatemaltecos.
La crisis estalló el pasado 2 de junio, cuando los 399 llegaron a Candelaria tras denunciar que fueron expulsados por el ejército de Guatemala de sus tierras en Laguna Larga, una comunidad del municipio de San Andrés. El sector pertenece al norteño departamento de El Petén, una de las principales reservas naturales de América Latina y limítrofe con Campeche.
Luego de vivir unos 17 años en esa comunidad, y pese a las reiteradas advertencias del actual y de otros gobiernos de Guatemala de que serían desalojados, la amenaza se cumplió a inicios del presente mes, cuando las tropas incursionaron para destrozar y quemar las viviendas de los pobladores, quienes debieron huir a localidades de México.
Los 399 viven ahora en tiendas de campaña y otros refugios improvisados, con el auxilio de alimentos, agua y ropa que obtienen de mexicanos.
Los vulnerables. La oficina en Guatemala del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados abogó el martes anterior por un arreglo negociado entre los comunitarios y el gobierno guatemalteco, pero alegó que se requieren “soluciones que tomen en cuentan las necesidades humanitarias, como los derechos de las personas vulnerables que están siendo afectadas”.
Al reiterar que esa agencia internacional está preocupada “por esta situación humanitaria” y continúa coordinando con las autoridades gubernamentales y los 399, la delegación de ACNUR puntualizó, a una consulta de EL UNIVERSAL, que “estamos en constante monitoreo de la situación y en espera de una resolución positiva”.