Seis grupos especiales con agentes federales y estatales serán formados para investigar los asesinatos de mayor impacto social, entre ellos el del periodista Javier Valdez Cárdenas y el del director del hospital del ISSSTE de Mazatlán, Miguel Angel Camacho Zamudio.

En reunión con los miembros de la Comisión Ciudadana de Seguimiento al caso del comunicador y escritor victimado el pasado 15 de mayo en la calle Riva Palacio, en la colonia Jorge Almada de esta ciudad, el gobernador Quirino Ordaz Coppel lo dio a conocer.

Sobre este caso, el ejecutivo estatal explicó que las fiscalías federales y la estatal trabajan en forma conjunta con las áreas de inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el Ejército y la Marina.

Ismael Bojórquez Perea, director del Semanario RíoDoce, del cual fue cofundador Valdez Cárdenas, informó que el mandatario estatal les reveló que en la pasada visita del secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, le solicitó atención especial a 6 casos.

En un comunicado emitido por RíoDoce, reseñó que en el encuentro, Ordaz Coppel precisó que cinco de los casos prioritarios son los homicidios de Valdez Cárdenas; del funcionario del ISSSTE, Camacho Zamudio; el del jurista Miguel Angel Sánchez Morán y del empresario Ruay Alberto Díaz Meza.

Así como los asesinatos de los maestros rurales de la sierra de Concordia, Feliciano “N”, director de la escuela primaria de Cuantanal; el maestro Luis Alberto “N” y el profesor de Telesecundaria, Ramón “N”.

Un sexto caso es la investigación sobre la extraña desaparición de la niña Dayana “N”, de cinco años de edad, registrada el pasado seis de junio en la sindicatura de San Pedro Navolato.

En el comunicado se estableció que se mantuvo la petición de que el caso de Javier Valdez Cárdenas sea atraído por una sola fiscalía, para no diluir responsabilidades.

Según la información divulgada, en la reunión el Gobernador de Sinaloa les comunicó que el pasado 12 de junio envió al Congreso del Estado una iniciativa de reformas para homologar la norma estatal con la federal, para que se tenga en Sinaloa una Ley General de Victimas del Delito y se diseñe un mecanismo de consulta ciudadana para rediseñar estrategias de seguridad pública.

Bojorquez Perea, quien encabezó a la Comisión Ciudadana de Seguimiento al caso del periodista, estableció que se mantendrá a la expectativa de resultados en los seis casos prioritarios, cinco de ellos de homicidios.

afcl

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