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Ocho colectivos y asociaciones civiles de Nuevo León , manifestaron su rechazo a las prácticas de espionaje contra defensores de derechos humanos y periodistas, por ello, através de un informe presentado por la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) exigió al gobernador Jaime Rodríguez Calderón un informe para conocer si también hace uso de dichas prácticas.
En enero de 2017 , Rodríguez Calderón mencionó que vigilaría a los usuarios de redes sociales, para dar con los responsables de daños al Palacio de Gobierno , que provocaron presuntos infiltrados durante las protestas de el “ gasolinazo ”.
Las organizaciones Alianza Cívica Nuevo León, Arthemisas por la Equidad, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Colectivo La Democracia Participativa, Colectivo Nosotros, Evolución Mexicana, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, y Redes Quinto Poder, rechazaron las prácticas de intrusión a la vida privada y espionaje del trabajo social o periodístico, por medio del malware " Pegasus ".
A través del comunicado, las ONG´s recordaron que al menos doce entidades del país adquirieron otro software de espionaje de la empresa Hacking Team , de acuerdo a una investigación de R3D presentada en 2016.
Por lo anterior, expresaron que "dichas prácticas minan seriamente la confianza en las instituciones y representan un grave retroceso en nuestra incipiente democracia".
Estas prácticas, ahora puestas en evidencia a nivel federal, “tienen también precedentes en Nuevo León”, ya que el 6 de enero de 2017, el gobernador Jaime Rodríguez advirtió que vigilaría a usuarios de redes sociales con el fin de identificar a los responsables de los actos vandálicos ocurridos un día antes, durante las manifestaciones en contra del “gasolinazo”.
El "Bronco" advirtió ante la prensa “de aquí le hago un aviso a todos aquellos jóvenes o no jóvenes que están utilizando la red , que los estamos vigilando, que sabremos dónde están, que tenemos elementos y la tecnología suficiente para vigilarlos y que daremos con ellos”.
Sin embargo, el gobernador no especificó entonces cómo iba a operar dicho estado de vigilancia, frente a quién iba a dirigirse, y cómo se iba a dar el debido proceso, entre otros interrogantes.
Por ello, expusieron las agrupaciones civiles, ante el informe divulgado por R3D, “conviene plantearnos si el gobierno de Nuevo León cuenta con este tipo de tecnologías, justamente por las declaraciones del gobernador del Estado, mismas que merecen un análisis a profundidad, ya que, en efecto, él mismo reconoció que iba a dar lugar a un espionaje, al menos en Redes Sociales”.
Finalmente se sumaron al rechazo que activistas, periodistas y organizaciones de la sociedad civil del país, han expresado “ante este espionaje comprobado, demandamos que esto no se repita en Nuevo León”.
cev
