María de Jesús Almendárez Prieto se quitó las cadenas que por 31 días la mantuvieron sujeta a la puerta de la Oficialía Mayor estatal en rechazo a la discriminación laboral de la que fue víctima tras denunciar el acoso y abuso sexual que sufrió por parte de un representante del Sindicato Único de Trabajadores de Gobierno del Estado (SUSTGE).
La tarde del viernes dejó ese inmueble al tener en sus manos una notificación oficial y certificada por un notario público, donde se le informó que el próximo 20 de junio regresará a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), a su puesto como jefa de Oficina.
Ayer, de vuelta a su domicilio Almendárez Prieto dijo sentirse como “atropellada”, con mucho cansancio, pero tranquila y segura de que le devolverán su cargo en la dependencia a la que hace 24 años ingresó: “Ya no voy andar como pelota”.
Recordó que en 2013 presentó una denuncia en contra del delegado sindical de Obras Públicas, Juan Martín Gatica Izaguirre, y a partir de entonces comenzó la represión en su contra. Incluso la sacaron de su órgano de origen y la enviaron al Instituto de las Mujeres, a la Secretaría de Educación y luego a la Secretaría de Cultura, en esta última la marginaron en un sótano y la pusieron a perforar y coser expedientes.
María de Jesús señaló que el gobierno estatal la reintegró a su puesto, en cumplimiento a una recomendación (3/2017) de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la cual acreditó que fueron violados sus derechos humanos como servidora pública.
Marichuy perdió cinco kilos de peso durante la protesta y terminó con secuelas por una infección en las vías respiratorias y un descontrol en la diabetes que padece. “Me siento apaleada, con el cuerpo cortado, pero contenta”, pese a los días que pasó con una cadena a la cintura se muestra entusiasmada.
“Fue una resistencia por buscar un hilo de justicia porque las autoridades nunca me debieron haber cambiado de una dependencia a otra, al contrario, me debieron proteger porque yo soy la víctima 40/2015 en el registro estatal, pero me revictimizaron”, comentó.
Ahora, dijo, que con el apoyo de su abogado pedirá por la vía civil a la administración local que le repare el daño ocasionado en los últimos cuatro años. Mientras que en materia penal, señaló, el proceso en contra de su agresor se encuentra en la última etapa.