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Una familia de inmigrantes españoles, radicados en Puebla desde hace más de 70 años, denunciaron que están a punto de ser despojados de su patrimonio que se ubica en una zona de alta plusvalía bajo presuntas argucias y engaños legales.
Se trata de una vivienda de 254 metros cuadrados localizado a unos metros del bulevar 5 de Mayo y a un costado de Plaza Dorada, una zona de alta plusvalía, por lo que solicitaron ayuda a las autoridades para revisar el caso.
El jefe de familia, Benito Solano Pardina lleva años peleando en tribunales para defender su patrimonio que está a punto de perder –dijo- por presuntas colusiones entre funcionarios del Poder Judicial y notarios de la ciudad de Puebla .
Solano Pardina fue acusado por el empresario Enrique Federico Ventosa Aguilera de incumplir con las condiciones de un contrato de arrendamiento de una bodega por la cual pagaría 75 mil pesos en 2002 y que con el paso del tiempo llegó a los 112 mil 414 pesos con 50 centavos cada mes.
En dos años y cinco meses el propietario del inmueble cobró la cantidad de 2 millones 723 mil 375 pesos, pero aunque existe como constancia como recibos y copias de cheques nominativos a su nombre, ninguna prueba fue admitida por el Juez décimo segundo civil, Ismael de Gante López .
El afectado, denunció que en repetidas ocasiones, el secretario de juzgado de nombre Alejandro García León sustrajo el expediente 446/2005, lo que contraviene la ley orgánica del poder judicial en el estado de Puebla.
El integrante de la familia inmobiliaria -responsable de la edificación en Veracruz de las Torres JV o plazas comerciales como Centro Mayor de Xalapa y su similar en la capital de Puebla- negó el pago de las mensualidades.
Mediante un juicio mercantil, el empresario consiguió una orden de desalojo de la casa que ha ocupado el español junto a su familia desde que llegó a México a mediados de la década de los ’80.
Es la casa marcada con el número 3742 de la calle Privada ‘A’ Sur del fraccionamiento Anzures y cuyo registro catastral es el 003 0377 0015 0000.
Sin recibir notificaciones del juicio que se le seguía a la parte acusada, que su abogado no tuvo acceso al expediente 446/2005 el notario 96 de la capital de Puebla, Fernando de Unanue Sentmana t validó el proceso de embargo del domicilio particular,
‘A los dos años de dejar la bodega, llega un aviso de un embargo precautorio de mi casa de parte de Enrique Federico Ventosa Aguilera; nunca llegó ninguna notificación ni avisos del juicio que puso contra mí, todo lo hicieron a escondidas y falseando todas las notificaciones para que yo no me enterara’, narró el español.
En abril de 2014 el juzgado que conoció del caso determinó ‘adjudicar a la parte actora el bien inmueble’ por un valor estimado en 1 millón 640 mil pesos, acción que ratificó el titular de la Notaría 96, Fernando de Unanue Sentmanat.
egm
