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Las reformas implementadas desde 2012 a la Constitución local y a varias leyes estatales por Roberto Sandoval Castañeda, gobernador de Nayarit, tienen el objetivo de construir un andamiaje de protección que le brinde una salida sin problemas del gobierno de la entidad, señalan varios actores políticos.
“Parece que no hay vinculación entre las reformas, pero se van moviendo como piezas de ajedrez, van colocando personas que son clave para cuidarse las espaldas en diferentes áreas”, señala la diputada perredista Sonia Ibarra Fránquez.
Otros están de acuerdo con esta percepción, aunque prefieren no dar su nombre debido a los movimientos y pactos que se están generando en la elección entre distintos grupos en el estado.
A partir de 2012, Roberto Sandoval comenzó a promover reformas con efectos transexenales para incrustar a integrantes de su gabinete o a personas cercanas en diversos organismos y en los otros Poderes locales.
Ese año impulsó una reforma a la Constitución local para crear la Fiscalía General y sustituir la Procuraduría General de Justicia; el cambio se concretó durante los primeros días de enero y dio independencia plena al fiscal, quien además duraría en el cargo hasta 2020 con posibilidad de reelegirse por un periodo de siete años más.
Para lograr que en el puesto quedara su compadre, Édgar Veytia, hoy preso en Estados Unidos acusado de tráfico de drogas, el gobernador logró que se modificara el artículo 94 de la Constitución para que al nuevo fiscal sólo se le pidiera contar con título de abogado sin importar su antigüedad, cuando para ser procurador se requería que el título del encargado de la dependencia tuviera al menos 10 años de haberse expedido.
Hoy se ha vuelto a modificar ese artículo y quien pretenda ser el siguiente fiscal deberá acreditar al menos una década como abogado.
En 2013, Sandoval también sacó adelante modificaciones para ampliar de cuatro a ocho años el periodo legal del auditor con oportunidad de ser ratificado por un periodo más: al hacerlo quitó del cargo a Salvador Íñiguez, que no había concluido su periodo y promovió a quien fue su contralor en el gobierno del estado, Roy Rubio.
Para que él pudiera ser nombrado, se modificó el artículo 121 de la Constitución y así se eliminó el requisito de tener que haber renunciado al cargo de secretario del estado con al menos un año de anticipación.
La llegada de Rubio como auditor fue cuestionada debido a que en dos ocasiones la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por periodos de un año por su mal desempeño como funcionario del Sistema de Administración Tributaria; sin embargo, el gobernador logró imponerlo a través de su mayoría en el Congreso local.
La cercanía entre el mandatario y el auditor quedó de manifiesto el 3 de agosto de 2016, cuando en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit se publicó el “acuerdo administrativo que tiene por objeto conceder al licenciado Roy Rubio Salazar la patente de notario suplente adscrito a la Notaría Pública Número 3”.
Otro elemento de la relación entre Sandoval y Rubio lo dio el ex rector de la Universidad Tecnológica de Nayarit, Alejandro Fonseca, en el audio en el que involucra al gobernador y a otros funcionarios en una red de corrupción que hace negocios en varios municipios y entes públicos; ahí, el ex rector afirmó que el gobernador quiso enviarlo como Oficial Mayor al Congreso del estado para manejar un presupuesto de 300 millones de pesos discrecionales y controlar el Órgano de Fiscalización.
También en transparencia. Además de estas dos reformas a la Constitución, Roberto Sandoval concretó enmiendas en la Ley de Transparencia para designar a sus tres integrantes por un periodo que sobrepasa su administración por dos años.
La legisladora Sonia Ibarra recordó: “Quien estaba como encargado de Transparencia en el gobierno del estado fue movido al Congreso, estuvo trabajando un tiempo con nosotros y de ahí fue nombrado como comisionado presidente del Instituto Estatal de Transparencia”.
A petición de Veytia, en abril de 2014, Sandoval logró otra modificación a la Constitución para aumentar de un año a cuatro el periodo del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quien puede reelegirse por un periodo similar.
Con esta reforma, en octubre de 2014 Pedro Antonio Enríquez Soto fue electo como actual presidente del Tribunal Superior de Justicia y el entonces magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Emiliano Zapata Sandoval Blasco —uno de los promotores de la reciente denuncia por enriquecimiento ilícito contra del gobernador—, denunció que se trató de una imposición del mandatario estatal.
La injerencia que puede llegar a tener el titular del Ejecutivo en el Poder Judicial se atribuye a una reforma impulsada en 2009 por el ex gobernador Ney González para aumentar de siete a 17 el número de magistrados en el tribunal y derogar el impedimento que existía para que puedan recibir sueldos de otras instancias.
Con esta enmienda muchos magistrados lograron obtener sueldos de académicos en la Universidad Autónoma de Nayarit; sin embargo, en junio de 2016 se realizó otra reforma para que a partir del 19 de diciembre de 2019 el número de magistrados en el TSJ se reduzca a nueve, lo que permitiría a Sandoval mantener la mayoría en el Poder Judicial.
Finalmente, en diciembre de 2016 aprovechó su mayoría en el Congreso para imponer por 10 años a tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, entre ellos a Raymundo García Chávez, suplente en el Senado del hoy candidato a gobernador por el PRI, Manuel Cota.
