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Un juez de Control giró una orden de aprehensión en contra del secretario general del ayuntamiento de Benito Juárez, con cabecera en Cancún, Mauricio Rodríguez Marrufo, la cual fue cumplimentada la mañana de hoy por elementos de la Policía Ministerial.
Rodríguez Marrufo fue aprehendido por elementos de la Policía Ministerial, cuando acudió –junto con el alcalde de Cancún, Remberto Estrada- a la instalación de la Mesa de Seguridad y Justicia, evento a puerta cerrada encabezado por el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, al que asistieron el comisionado de Seguridad Pública; el Fiscal, Miguel Ángel Pech, diputados estatales y empresarios.
Rodríguez Marrufo forma parte del grupo de ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), denunciados penalmente en diciembre pasado, por la Secretaría de la Gestión Pública del estado, como uno de los probables eslabones en el remate territorial del estado.
En su calidad de titular de la Seduvi, Mauricio Rodríguez otorgó subsidios para la compra de terrenos en Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco, hasta de un 75 por ciento, sin tener facultades para ello, lo cual representó un daño patrimonial para la entidad.
Dichos subsidios se otorgaron a una misma persona, en algunos casos, para hacerse de varios terrenos, lo que resulta un agravante, según las denuncias presentadas por la administración joaquinista.
Pese a las solicitudes hechas por regidores, en diciembre pasado, el edil, Remberto Estrada, se negó a retirar del cargo a Rodríguez Marrufo, mientras transcurrían las investigaciones y se deslindaban responsabilidades, lo que le valió duras críticas por parte de concejales, quienes interpretaron aquello como un acto de “proteccionismo”.
El encargado de la política interna fue también señalado por incurrir en presunto tráfico de influencias y enriquecimiento durante su gestión como titular de la Seduvi, pues compró diferentes propiedades y se presume que posee inmuebles en Miami.
Al término de la administración municipal de Cancún, del entonces alcalde, Julián Ricalde, se le denunció públicamente por haber intentado presionar a los regidores en septiembre de 2013, para la modificación de cambios de uso de suelo en el exclusivo fraccionamiento de Pok Ta Pok, en la zona hotelera, a fin de favorecer a un grupo empresarial.
