La Auditoría Superior de la Federación documentó que en la revisión del 2015, encontró un manejo discrecional y opaco en los recursos destinados a la seguridad pública, puesto que de los 2 mil 200 millones de pesos autorizados a la Gerdarmería para realizar 10 mil operativos, sólo se acreditó la ejecución de 75 operativos.
Así lo dio a conocer el ex secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, quien dijo que no existe en la federación control en el manejo de los presupuestos asignados a la seguridad pública.
Subrayó que este criterio se replica en estados y municipios, donde la opacidad en relación al destino que le dan a los fondos federales que reciben en este concepto va de un 60 a un 75 por ciento.
Álvarez Icaza disertó en esta ciudad, una plática, primero con un grupo de activistas de familiares de desaparecidos y posteriormente con estudiantes, en relación a la Ley de Seguridad Interior, en la que estableció que México gasta ríos de dinero en materia de seguridad, sin tener los resultados deseados.
El expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México señaló que por la tendencia que observan los expertos, este año, puede convertirse en uno de los más violentos, comparable a lo que sucedió en los “70”.
Comentó que por herencias o inercias, los cuerpos policiacos en el país, siguen con una formación de uso político, por lo que estos, se han contaminado con infiltraciones, lo que complica hacer frente a una delincuencia con mayor poder económico y se armas.
En su exposición, estableció que el tema de las evaluaciones del control de confianza de los miembros de los diversos cuerpos policiacos federales, estatales y municipales, paso a un segundo término desde el 2016.
Comentó que en el 2016, la Secretaría de Gobernación reclasificó el destino de un 84 por ciento del presupuesto asignado a la aplicación de los exámenes de control de confianza, por considerar que no es un tema importante.
cfe