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Los presidentes de seis organizaciones del sector privado de Nuevo León, con base en un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), informaron que sólo 9% de los ciudadanos se siente seguro de vivir en el estado.
Los empresarios aseguraron que este nivel de inseguridad no se presentaba desde septiembre de 2012, cuando la entidad sufrió la peor escalada de violencia relacionada con el crimen organizado.
Este porcentaje, expusieron, contrasta con 17% que indicó un estudio similar (en octubre de 2015), al final de la administración anterior de Rodrigo Medina, cuando la gente manifestó sentirse segura.
“Sin duda la ciudadanía percibe que tanto los alcaldes como el gobernador Jaime Rodríguez Calderón no están concentrados en resolver el tema de la inseguridad, y sus agendas están ocupadas en otros asuntos, los ediles buscando su reelección y el mandatario estatal queriendo posicionarse aquí y en otros estados como candidato presidencial”, acusó el titular de la Canaco, Jorge Emilio Garza Treviño.
La rueda de prensa fue encabezada por los presidentes de Caintra, Juan Ignacio Garza Herrera; Canaco, Jorge Emilio Garza; Coparmex, Federico Pozas García y, Consejo Cívico, Jesús Herrera Casso, así como representantes de la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), Index (que aglutina a la industria exportadora), y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
Los empresarios advirtieron que condiciones como el deterioro de la percepción de seguridad, el incremento en los delitos y la alta desatención de las autoridades estatales y municipales, “encienden una alerta entre los ciudadanos, ante la mayor posibilidad del retorno de la inseguridad a los niveles que vivimos hace seis años”.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2016 se cometieron mil 174 homicidios, de los cuales 644 fueron dolosos. En lo que va del año, se han reportado 379, de los cuales 205 fueron dolosos.
Candado a legítima defensa. La reforma al Código Penal fue para “clarificar” el concepto de la legítima defensa, no se trata de un “cheque en blanco” a ciudadanos para privar de la vida a otra persona, sin ser procesados por homicidio, justificó el coordinador de la diputación local panista Arturo Salinas Garza.
La propuesta del diputado del PAN, Marcos Mendoza Vázquez, modifica el artículo 17 del Código Penal de Nuevo León, que otorgaba el beneficio de la legítima defensa, “al que causara cualquier daño a un extraño, a quien encontrara dentro de su hogar….”. La modificación agrega “el que causara cualquier daño, lesión o prive de la vida a otro…” e indica una causal de excepción para que se pruebe que se actuó en defensa de su vida, su familia o de su patrimonio.
Por su parte, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) advirtió que la modificación a la ley “en vez de promover certeza jurídica, promovería el uso de justicia por mano propia y el incremento de la violencia”.
