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El Congreso local, envió este martes un exhorto al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón y al procurador de Justicia, Bernardo González Garza, para que remuevan de su cargo al titular de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, Ernesto Canales Santos, debido a que existe en su contra una averiguación penal por participar en un despojo de inmueble.
El diputado priísta, Gabriel Tláloc Cantú, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, comentó que la averiguación contra Canales es la 98/2010-D-2, la cual se inició en 2010 por una denuncia que presentaron ciudadanos del municipio de Benito Juárez, por el despojo de un bien inmueble localizado la ex comunidad de San Roque y Santa Ana de Arriba, en el municipio de Juárez, con dimensiones de un fraccionamiento y valor comercial millonario.
“Es un asunto que inició en la Procuraduría General de Justicia en el 2010, en el 2014 se decreta el inejercicio, pero se promueve recurso de inconformidad y se revoca el inejercicio", explicó Cantú y agregó que es una terquedad del Gobernador seguir sosteniendo la figura de este polémico abogado.
“Realmente detrás de una gran fortuna, siempre hay grandes criminales”, dijo el diputado del PRI y mencionó que “ robó a los herederos de Emilio Azcárraga (Paula Cussi, quien lo acusó de apoderarse de un pago de seis millones de dólares emitido a su favor), y ahora se trata de un despojo de inmueble en el municipio de Juárez, en el área de San Mateo”, señaló Gabriel Tláloc.
"Como lo he venido diciendo en reiteradas ocasiones, ésta es una clara negociación en donde esta polémica figura que debe y dice y presume estar buscando y persiguiendo a los corruptos y a los criminales, pues él no se puede meter solo a la cárcel, y está cayendo en un conflicto de intereses para salirse con la suya, seguirse enriqueciendo a través de su red de relaciones públicas y gubernamentales. Así es como operan estos criminales de cuello blanco", expresó el priísta.
Los denunciantes contra Canales Santos y los ciudadanos Javier Lobo Durán y José Roberto Ortiz Ramones, son los particulares Amalia Saldívar Zamora, Alma Guadiosa Maldonado, Javier Benítez Gómez y Juan Raymundo Páez Charles, que reclaman el despojo de cuatro predios, que presuntamente bardearon los acusados y posteriormente mandaron construir torres de vigilancia, por lo que preguntó si no será que ahí se pretende construir el penal que se descartó en el municipio de Mina.
El exhorto promovido por Gabriel Tláloc Cantú fue aprobado por 25 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones.
En tanto, fueron vinculados a proceso, por presuntamente otorgar de manera ilegal 51 millones de pesos en apoyos económicos a la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNE), Francisco Valenzuela y Jesús Salvador Garza Herrera, quienes fungían como subsecretario de Egresos y director de Control Presupuestal en 2011, cuando supuestamente ocurrió el ilícito.
A los ex funcionarios del gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz, se les responsabiliza por el delito de daño al patrimonio del estado y municipios. Su defensa alegó que los recursos fueron otorgados conforme a la ley, pero el juez de control Pedro Cisneros Santillán determinó que hay elementos suficientes sobre su presunta responsabilidad, y fijó para el 30 de agosto el plazo para el cierre de la investigación.
