El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) impuso medidas cautelares al senador priísta Roberto Albores Gleason, al diputado federal Emilio Enrique Salazar Farías, del PVEM, y a la panista Gloria Luna Ruiz, secretaria general del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, por presuntos actos anticipados de proselitismo.
Éstos supuestamente fueron cometidos a través de espectaculares, entrevistas difundidas en Youtube, así como en páginas electrónicas de diversos medios informativos, detalló Alex Walter Díaz García, consejero y presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias de esa dependencia.
Afirmó que los funcionarios deben suspender y retirar la “difusión de la propaganda denunciada” en las próximas 48 horas, a fin de no vulnerar el principio de equidad en la ruta al proceso electoral local 2017-2018, que iniciará en octubre próximo.
De no acatarse las medidas los tres involucrados podrían ser sujetos a un nuevo procedimiento administrativo sancionador, o en su caso a una medida de apremio, por desacato a la autoridad electoral, advirtió.
La decisión se sustenta en el artículo 361 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y el artículo 70 del reglamento para los Procedimientos Administrativos y Sancionadores del IEPC, argumentó.
El órgano electoral estatal precisó que derivado de diversas denuncias ciudadanas se implementó dicha disposición; se acusó a los servidores de presuntos actos de promoción personalizada, actos de precampaña y promoción de actividades legislativas fuera de los plazos establecidos por la ley.
El consejero sostuvo que la Comisión de Quejas y Denuncias concluyó que existen “indicios suficientes para suponer que la propaganda sujeta a investigación pudiera afectar la equidad de los próximos comicios locales”.
De ahí que, aseveró, se determinó atender la solicitud, sin que tal aplicación acredite responsabilidad de los denunciados, ya que esa condición dependerá de las investigaciones.
La acción contra Albores Gleason se originó de denuncias por supuesta promoción personalizada en el contexto de la difusión de su último informe de actividades las cuales fueron propaladas en al menos 10 municipios, entre ellos San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Villafores, Cintalapa de Figueroa y Berriozábal.
Además, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) investiga la presunta coa-
cción de beneficiarios del programa federal Prospera durante el informe de labores del senador Roberto Albores Gleason, realizado en Tuxtla Gutiérrez el pasado 22 de abril.
