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La deuda pública del estado no pone en riesgo las fianzas estatales porque se cumplen cabalmente con los requerimientos de la Ley de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que establece un índice menor al 15% en endeudamiento de los ingresos, aseguró José Luis Ugalde Montes, secretario de Finanzas local.
Informó que el saldo de la deuda pública asciende, al 30 de abril de 2017, a 4 mil 327.4 millones de pesos, pero en el presente año se destinarán 430.9 millones de pesos para cubrir su pago, así como el de las contraprestaciones de las asociaciones público privadas.
Por eso, el funcionario comentó que la vicepresidente y analista de Moody’s, María del Carmen Martínez Richard, envió un reporte a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado para aclarar que esta empresa no emitió ninguna declaración sobre la situación económica en la que se encuentra San Luis Potosí y otras entidades.
Sin embargo, conforme al análisis que realiza Moody’ sobre la distribución de los recursos públicos, el estado cumple cabalmente con todos los requerimientos de la ley que recientemente puso en marcha la SHCP con un índice menor al 15% de endeudamiento satisfactorio de los ingresos a su disposición.
Ugalde Montes mencionó que las agencias de calificación crediticia que revisan las finanzas son Fitch Ratings, HR Ratings y Verum, y en el último reporte de Fitch, emitido en diciembre de 2016, la calificación fue grado A (mex), con perspectiva de bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores y obligaciones en el país.
Las otras dos agencias emitieron “A-”, lo cual significa que el emisor ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda y mantiene bajo riesgo crediticio.
Dijo que Moody’s reconoce en su informe que, con dicha ley sí existe mayor transparencia sobre cómo se están distribuyendo los recursos, pues ya están obligadas a registrar sus créditos de corto y largo plazo, así como el registro de las inversiones en las asociaciones público-privadas.
El registro de cada movimiento estará disponible en el portal de la SHCP, que también servirá como mecanismo para asegurar que las entidades cumplan con los límites de deuda impuestos por la legislación, se consigna en el estudio de la calificadora.
Agrega que el impacto de la ley en los próximo tres a cinco años dependerá de su implementación mediante sanciones creíbles. Detalla que hasta ahora sólo Querétaro, Yucatán y SLP cumplen con todos los requerimientos de la ley.
