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La decisión del gobierno de Quintana Roo de convocar a la elección del Consejo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado, con base en la llamada “Ley Borge”, detonó la inconformidad de periodistas de la entidad que exigen la suspensión del proceso y la abrogación de dicha ley que consideran agraviante e ilegítima.
El objetivo del colectivo de comunicadores, es que antes de elegir y conformar el Consejo, completar la Junta de Gobierno e instalar el Sistema de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, el proceso se haga con un marco normativo diferente.
La Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, expedida el 14 de agosto de 2015 durante el gobierno de Borge Angulo, buscaba acotar la libertad de expresión, violentar el derecho a la Información y restringir la labor periodística en la entidad, de acuerdo con el pronunciamiento lanzado por el colectivo de periodistas.
A la demanda hecha se han sumado, hasta ahora, comunicadores de ocho de los 11 municipios del estado: Benito Juárez (Cancún), Puerto Morelos, Solidaridad (Playa del Carmen), Cozumel, Tulum, Othón P. Blanco (Chetumal), José María Morelos y Lázaro Cárdenas.
Representantes de organizaciones civiles han respaldado también la petición, que se difunde a través de redes sociales y que se entregó al subsecretario de Gobierno, Joaquín González Castro, el 13 de mayo pasado, durante una reunión a la que asistió también la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Eugenia Solís y periodistas.
También hay otros periodistas que están en contra del proceso seguido por el gobierno del estado pero proponen reformar la ley y no la abrogación, con el fin de no comenzar de cero. Unos más, se han inscrito para participar en la elección del consejo consultivo.
Durante el encuentro, González Castro se dijo “convencido de que la ley cae mal”, “no gusta” e incluso se declaró a favor de abrogarla. Sin embargo, insistió en que debe dejarse correr el proceso que el gobierno inició –por decisión de la Junta de Gobierno- el 11 de abril pasado.
Para sorpresa de las y los periodistas, el funcionario reconoció que dicha Junta de Gobierno, prevista en la Ley, “está coja”, pues precisamente faltan en ella representantes de periodistas y defensores en Derecho Humanos. “Aún cojo, el mecanismo ya está operando”, dijo.
Al cuestionarle el haber lanzado así la convocatoria, el subsecretario argumentó que como la Ley vigente establece que es el Consejo el que nombra a los representantes de Derechos Humanos y Periodistas que integrarán la Junta y no hay Consejo, porque es el que precisamente se va a elegir, la Junta –sólo integrada ahora por funcionarios de gobierno- tomó la decisión.
Se le mencionó que eso prueba –además- por qué el proceso es incorrecto de origen, lo mismo que la ley, por ende, debía cancelarse y trabajar en una nueva ley.
La coincidencia entre gobierno y periodistas fue entonces, abrogar la llamada “Ley Borge”.
No obstante, la diferencia es que el gobierno estatal pretende mantener un proceso con base en esa ley, para luego, instalado el Consejo y completada la Junta, se solicite a la 15 Legislatura una nueva ley.
En contraste, los periodistas insisten en que no se puede avalar un proceso viciado de origen y basado en la “Ley Borge”, considerada por periodistas del estado, como “agraviante” e “ilegítima”, aunque legal.
El subsecretario de Gobierno recordó que una semana antes el gobierno aceptó ampliar el registro a fin de que más comunicadores se inscribieran para conformar el Consejo Consultivo y se cumpliera con la paridad de Género, a la cual no se había llegado.
El plazo de inscripción vence el 18 de mayo y la asamblea para elegir a las y los integrantes periodistas y defensores de Derechos Humanos, del Consejo Consultivo, es el 20 de este mes.
La respuesta fue que un grupo cada vez más amplio de periodistas se opone a que continúe ese proceso y que, de instalarse el Consejo Consultivo, carecería de legitimidad y sería desconocido por el gremio.
González Castro indicó que mañana se dará a conocer la respuesta del gobierno estatal y refrendó el interés por escuchar y abrogar la Ley, pero bajo las condiciones existentes.
Conforme al pronunciamiento de los periodistas en el estado, durante el sexenio borgista se desplegó una persecución “sin precedente” sobre comunicadores, activistas y voces críticas, documentada a nivel periodístico y por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, entre ellas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
En julio de 2015, la organización Artículo 19 declaró a Borge Angulo “enemigo de la prensa independiente” y lo ubicó como “principal agresor” de comunicadores y activistas en la entidad.
En ese contexto se elaboró una ley que supuestamente buscaba proteger a periodistas, pero en palabras de Artículo 19, constituía, “un verdadero acto de simulación”. Pese a ello la ley fue aprobada el 3 de agosto por la 14 Legislatura.
Sin embargo, el 14 de septiembre de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una demanda de inconstitucionalidad (87/2015) en contra cinco artículos de la “Ley Borge”.
De acuerdo con el organismo, esos artículos violentaban el Derecho a la Información, el Derecho de Libertad de Expresión, el Derecho a la No Discriminación, el Derecho a la Seguridad Jurídica y el Principio Pro persona, contenidos en la Constitución Mexicana. En junio de 2016 la Corte la SCJN invalidó algunos de esos artículos.
msl
