Las agencias calificadoras Fitch Ratings y Moody’s Investors Service ratificaron que Puebla tiene capacidad muy alta para cumplir sus compromisos financieros y presenta una calidad crediticia muy elevada.
De acuerdo con la evaluación, realizada en abril pasado, colocaron la calidad crediticia del estado en alto grado, al calificarla en AA-(mex) y Aa3.mx, lo que le da a la entidad una posición confiable para las inversiones.
Asimismo, en la publicación de la Calificación Crediticia de la Deuda Pública del Estado, resultado del análisis del desempeño financiero y de la estructura económica, jurídica y financiera durante el periodo 2012 a 2016, Moody’s estima que los niveles de deuda disminuirán a un 27.5% de los ingresos totales a finales de 2017.
Las agencias resaltaron que la entidad presenta un nivel bajo de endeudamiento a largo plazo, fuerte sostenibilidad de la deuda, balances financieros superavitarios, fortaleza recaudatoria elevada, suficiencia financiera en el corto plazo del sistema de pensiones, buenas prácticas de gestión administrativa, y crecimiento del empleo por arriba del promedio nacional y es sede de inversión extranjera directa.
Además, Puebla está evaluada cerca de la parte superior del rango de las calificaciones para los estados mexicanos, Moody’s asigna una baja probabilidad de que el gobierno federal tome acciones para prevenir un incumplimiento, pues ha ajustado sus gastos, principalmente en infraestructura, a sus ingresos disponibles.
Adicionalmente, prevé una baja probabilidad de incumplimiento por parte del estado, ya que la entidad ha ajustado gastos, principalmente en infraestructura, a sus gastos disponibles.
También presenta sólidos factores de administración y gobierno interno, incluyendo acciones prudentes para el desarrollo presupuestal, así como un enfoque conservador respecto al financiamiento con la deuda. La información se presenta en forma integral, oportuna y transparente, incluyendo los estados financieros auditados.
Ello se debe al compromiso del gobierno, encabezado por Antonio Gali, que afirma que la administración no contratará deuda bancaria u otras obligaciones adicionales.
