Legisladores federales del PRI, PAN y Nueva Alianza acordaron con la Secretaría de Gobernación reforzar la seguridad pública en Morelos, mediante el envío de 500 elementos de la Gendarmería Nacional.

El viernes los diputados priístas Rosalina Mazari y Matías Nazario, así como la panistas Emma Margarita Alemán Olvera, y Ángel García Yáñez del PNA, sostuvieron una reunión de trabajo en la Secretaría de Gobernación con el subsecretario de Asuntos Legislativos, Felipe Solís Acero, el comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia y representantes de la Procuraduría General de la República.

El diputado Matías Nazario informó que en ese encuentro también se asumió el compromiso de mantener la mesa de manera permanente para reportar casos delincuenciales de mayor impacto que se presenten en Morelos para su respectivo seguimiento.

Nazario dijo que el encuentro con los representantes del gobierno federal y el gabinete de seguridad, responde al manifiesto que entregaron legisladores federales de Morelos al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por el secuestro del ex diputado local del PRI, Humberto Segura Guerrero, el 19 de abril.

Los diputados informaron que a partir del manifiesto suscrito el 20 de abril comenzaron a llegar elementos de la Gendarmería Nacional al estado de Morelos. A la fecha suman 300 y la petición de los legisladores es que el número crezca a 500 en todo el estado.

El ex diputado local fue rescatado con vida el 10 de mayo por agentes de la Unidad Antisecuestros de Morelos, pero su privación ilegal de la libertad provocó la protesta de los legisladores federales quienes enviaron el manifiesto al secretario de Gobernación para pedir la intervención de las fuerzas federales en el caso.

“Ante la reiterada comisión de delitos violentos los morelenses vivimos con miedo, sumidos en la zozobra continua, con la angustia de que en cualquier momento, algún miembro de nuestra familia de nuestras amistades cercanas pueda ser víctima de la delincuencia.

“El Mando Único que ha sido impuesto a los municipios, recurriendo al chantaje o a la coacción, ha demostrado su ineficacia y no solo eso, son frecuentes las denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de los lamentos policiales y, lo que es mas grave, existen señalamientos de posibles vínculos con el crimen organizado”, acusaron los diputados federales.

afcl

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