Luego de que en el Congreso de Tabasco se inició la discusión de una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para establecer la castración química como castigo adicional a violadores y pederastas, organizaciones sociales y la Comisión Estatal de Derechos Humanos han expresado su rechazo a la propuesta, mientras que Carlos Ordórica Cervantes, diputado del PVEM quien la propuso, ha pedido no satanizarla e incluirla en la agenda legislativa.
Con la propuesta, al artículo donde se estipula que la pena máxima para el delito de violación es de 30 años, se le agregaría que: “todo aquel que cometa el delito de violación, independientemente de las sanciones previstas, será sometido a terapia psicológica y administración de medicamentos que tengan por objeto disminuir el deseo sexual y causar impotencia sexual. Dicha terapia deberá de iniciarla seis meses antes de concluir su sentencia y deberá de prolongarse obligatoriamente por un periodo de un año posterior al cumplimento de prisión”.
El legislador del Partido Verde ha justificado su propuesta a partir de cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación y cuenta con el respaldo de su bancada y del dirigente estatal de su partido, Federico Madrazo.
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2016 la Fiscalía General del Estado (FGE) registró 266 casos de violación, 78 de estupro y 468 de otros delitos catalogados como sexuales, lo que suma un total de 812 carpetas iniciadas.
Según estas cifras, Tabasco ocupa la décima posición entre los estados con mayor número de delitos sexuales, con una tasa de 29.9 agresiones por cada 100 mil habitantes y 5.6 puntos arriba de la tasa nacional que es de 24.3.
Al mes de febrero de 2017, se iniciaron 172 carpetas de investigación, de las cuales 53 son por violación, 14 por estupro y 105 por delitos sexuales.
“Si queremos que el delito disminuya, no sólo se debe castigar el delito cometido, si no también prevenir que no vuelva a suceder y en su caso disuadir a los que potencialmente podrían cometerlo”, refirió el diputado desde la tribuna legislativa durante la presentación de la iniciativa que busca modificar el artículo 148 el Código Penal del Estado de Tabasco.
En un segundo párrafo la propuesta señala que quien haya cumplido su confinamiento o prisión, pero no haya seguido el tratamiento psicológico y médico, sería nuevamente recluido por el año que debiere haber cumplido el mencionado tratamiento psicológico y médico, “para así garantizar el cumplimiento del mismo”.
Voces contrarias
De acuerdo con el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) Pedro Calcaneo Arguelles, la propuesta presentada por el PVEM es violatoria de los derechos humanos e incluso espera que no prospere en el estado: “La castración química va en contra de la esencia del ser humano y la CEDH no la aprobaría”.
Organizaciones no gubernamentales coinciden en la postura. Según la presidenta de la Asociación “Aldea por los Niños”, Alejandra Arias, la castración química no es la solución, sino lo más importante es que pongan en marcha políticas publicas de prevención. Sobre el tema aseguró que esta propuesta atenta contra de los derechos humanos, incluso descalificó la iniciativa.
“Como que toman ocurrencias; de repente ven en Italia hay esta medida pero no ven el contexto, porque no es lo mismo que lo propongan en países europeos”, refirió.
La activista expresó que Tabasco no está preparado para aplicar la medida pues el sistema de justicia no es eficaz, por lo que podrían darse de personas que siendo inocentes sean sometidas al procedimiento.
“El problema es que Tabasco en particular definitivamente no estamos preparados para implementar esta medida, el problema que tenemos en Tabasco es que no tenemos este sistema de justicia efectiva y tampoco hay funcionarios públicos suficientemente capacitados para implementar este tipo de medidas”, acotó.
Entre las voces discordantes resalta la postura de la dirigencia estatal de MORENA. De acuerdo con dicho partido la propuestas de castración química es anticonstitucional y mediática, según con Adán Augusto López, líder de ese partido.
“Creo que es anticonstitucional plantear eso, es un tema delicado que tendría que hacerse una consulta ciudadana; porque la Constitución federal tutela los derechos, incluso de los delincuentes”, expresó. Desde luego que es una propuesta mediática, pero el PVEM ni con levaduras lo levantan, creo que se va a quedar en una iniciativa mediática de la fracción, mejor que se preocupen por el gasolinazo que ellos votaron”, refirió.
Ante las criticas generadas, Ordórica reiteró que la propuesta busca propiciar la rehabilitación del agresor sexual, y respetar los derechos de los niños.
“Nunca en la propuesta se menciona que se le amputará o cortará alguna parte del cuerpo al agresor, sino que se propone que mediante el uso de terapia psicológicas y la administración de medicamentos, se pueda ayudar al agresor para que controle sus impulsos agresivos y enfermizos”, aclaró.
cev