Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, notificó al Congreso del Estado que modificará de manera unilateral el presupuesto de lo que resta de 2017.
El Congreso aprobó en diciembre pasado el presupuesto que impulsó el anterior gobierno priísta, bajo la premisa de modificarlo una vez que Yunes consiguiera la reestructuración de la deuda pública bancaria por más de 40 mil millones de pesos.
Fue el propio Yunes Linares quien pidió que se incluyera un artículo transitorio para que una vez concluida la renegociación de la deuda se modifique el presupuesto con base en las nuevas condiciones financieras del estado.
Sin embargo, el Ejecutivo envió una misiva al Poder Legislativo para informar que realizará los cambios al presupuesto de 2017 en el transcurso del año y que sólo notificará de los mismos al Congreso del Estado.
En el documento enviado a la Mesa Directiva se justificó la decisión argumentando que la reestructuración de la deuda durará seis meses.
Yunes dijo que existe un déficit presupuestal de 22 mil millones de pesos, por lo que debe haber más cambios que los plasmados en el oficio entregado a los legisladores.
“Durante el año se harán los ajustes que sean necesarios, mismos que se notificarán puntualmente a esta Soberanía (la Legislatura), en atención a las disposiciones legales que nuestro Estado contempla”.
En el documento se señala que estos cambios cumplirán con la aplicación de los recursos etiquetados para los fines a los que están destinados.
El Coordinador de la bancada de Morena en el Congreso, Amado Cruz Malpica, lamentó que el gobernador pretenda usar el presupuesto aprobado en diciembre a pesar de tener un déficit financiero y no estar alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo.
El legislador criticó la decisión pues, refirió, se incumple con lo establecido en el artículo quinto transitorio al no presentar las modificaciones al Presupuesto de Egresos.
“Esta medida pone en marcha un estado de excepción constitucional en materia financiera, pues el estado constitucional significa, entre otras cosas, la limitación y control del poder político mediante normas jurídicas de estricto cumplimiento, particularmente las que involucran el ejercicio y control del erario y la rendición de cuentas respectiva”, agregó.