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Los 9 diputados (8 del PAN y 1 de Morena) del Congreso de Yucatán que presentaron la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley del Transporte de Yucatán porque contraviene los principios constitucionales de igualdad, libre competencia, libre tránsito y libre asociación, esperan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a la brevedad para que cesen las detenciones arbitrarias de vehículos Uber en la localidad.
El diputado local del PAN, Elías Lixa Abimerhi, señaló que su bancada de 8 diputados presentó ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad a la reforma a la Ley al considerar que ésta contraviene los principios de igualdad, libre competencia y libre tránsito de vehículos pertenecientes a plataformas digitales, específicamente, Uber.
Recordó que la acción fue admitida en agosto pasado y que el ministro Alberto Pérez Dayán ya tiene preparado un proyecto de resolución, y que incluso está enlistado para discutirse en el pleno de la SCJN en breve.
De hecho se trata del asunto número 24 de la orden del día de la sesión de este martes, pero debido a la carga de trabajo y temas por resolver de los ministros, se calcula que se analizaría entre los meses de mayo y junio.
“Ya hay un proyecto de resolución, falta que lo conozcan los otros 10 ministros, quienes incluso puede modificar el sentido de éste”, explicó el legislador panista, al recalcar que la reforma a la Ley de Transporte es ilegal e inconstitucional.
Declaró que decidieron impulsar esa acción –junato a la legisladora de Morena, Jazmín Villanueval- porque los cambios a la Ley del Transporte contravienen los principios de la constitución como la igualdad, la libre competencia, la libertad de tránsito, entre otros conceptos.
“Algunos puntos controvertidos es la diferenciación que se impone a las empresas (plataformas) para no hacerlas competitivas, como el hecho de que tengan que comprar automóviles más caros –de lo que cuestan los taxis-, que sólo puedan operarlos los dueños de los autos, que se fijen rutas de tránsito, que se limite el número de permisos, y una serie de controles que se reserva el gobierno para implementarlos en el momento que le plazca”, sostuvo.
Lixa Abimerhi reconoció que algunas de estas irregularidades fueron subsanadas por el gobierno estatal en el reglamento de Transporte, “pero éste es una facultad netamente del ejecutivo, y basta un plumazo del gobernador para cambiar las condiciones, por eso esas disposiciones deben estar en la ley”, precisó.
Para el panista, la reforma antes mencionada limita la libre competencia y la igualdad, como el fin de proteger a un gremio de taxis en específico, al Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), ligado al PRI, porque de hecho obliga a las plataformas a presentarse como agrupaciones de transporte.
“Cuando una ley se crea para darle protección a una empresa o a una industria, estamos hablando de una violación constitucional grave”, sentenció. Dijo que lo que hace la plataforma digital es dar un servicio entre particulares por lo que no tendría que agruparse como sindicato o agrupación del transporte público.
afcl
