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Treinta y tres personas originarias de Centroamérica fueron atacadas a tiros en la sierra por un grupo criminal, cuando eran transportados a bordo de seis vehículos de servicio Uber hacia esta capital, provenientes del estado de Sonora, informó la fiscalía estatal. En el incidente resultaron heridas dos mujeres.
El convoy de vehículos fue agredido por sujetos armados que los interceptaron por la carretera en el tramo de Yepachi a Basaseachi, aproximadamente a las 22:40 horas del viernes. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron agentes ministeriales que aseguraron a los conductores, los vehículos y los migrantes centroamericanos; sin embargo, no se localizó a los responsables de la agresión.
“Los investigadores se entrevistaron con una de las lesionadas identificada como Diana Alejandra de 42 años quien refirió que venían de Obregón, Sonora, porque fueron contratados en total seis vehículos para trasladar a personal de una compañía constructora para llevarlos a la ciudad de Chihuahua. Indicó que ella venía al frente de los autos Uber cuando de pronto vio un vehículo con luces como de patrulla desde los cuales les hicieron la parada, pero como pensó que no eran policías, decidió continuar la marcha y fue entonces cuando escuchó los disparos”, detalló la fiscalía.
La corporación agregó que Elodia Yolanda de 24 años de edad, resultó también herida por proyectil de arma de fuego en el muslo izquierdo, y fue trasladada a la clínica de Basaseachi a recibir atención.
“De las personas centroamericanas 20 son mayores de edad, de las cuales una de ellas es mujer y 13 menores. Todos ellos serán puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración”, indica un reporte oficial sobre los hechos.
Los migrantes se encuentran bajo custodia de la fiscalía estatal hasta que las autoridades federales acudan por ellos, mientras tanto diversas organizaciones sociales y familias les han llevado comida caliente a las instalaciones de la corporación.
En tanto que las seis personas que son conductores de los vehículos serán presentados ante el Ministerio Público Federal, para deslindar si incurrieron en algún delito al transportar personas indocumentadas.
