Enfermeras del hospital regional “Rafael Pascacio Gamboa” de Tuxtla Gutiérrez iniciaron esta mañana una huelga de hambre para demandar el pago de salarios y prestaciones legales íntegras y el abasto de medicamentos e insumos en el sistema de salud de Chiapas.
El ayuno forzado afuera del centro médico, donde los trabajadores se mantienen en “plantón” desde enero pasado, lo realizan Cielo Gramajo Cundapí, María de Jesús Espinosa de los Santos, Ivonne Castillo Escobar, María Isidro Orozco Sánchez y Verónica Zenteno Pérez.
De acuerdo con el programa de acción, cada 48 horas se irá integrando a la huelga un trabajador más de la Secretaría de Salud Estatal para reforzar la protesta.
En rueda de prensa, Espinosa de los Santos informó que las enfermeras ayunantes tomaron esa decisión forzadas por la falta de respuestas de las autoridades que no resuelven la crisis de salud en la entidad.
Aseguró que buscaron por varias vías “y mil maneras el acercamiento con el gobierno estatal para exponer la situación del sector salud, la que se vive en los centros de trabajo y hospitales pero a cambio recibimos violencia y amenaza”, denunció.
Peor aún, agregó, el gobierno sabe que con nuestro trabajo y salarios diarios sustentamos a nuestras familias, pero decidió quitarnos nuestros ingresos con el objetivo de intimidarnos y así negociar “a manera de moneda de cambio para mantenernos callados”.
En el marco de las protestas, la Secretaría de Salud estatal cesó a diez mujeres y cinco hombres de diferentes áreas del sector, indicó la inconforme.
El viernes fueron citados por la autoridad para dialogar sobre el conflicto, pero lo único que propusieron fue “ canjear la reinstalación por el silencio”, y “tristemente hasta el momento seis aceptaron”. Ese tipo de acercamiento lo rechazamos y “despreciamos”, sostuvo Espinosa de los Santos.
La Auditoría Superior de la Federación reveló que existen observaciones al gobierno de Chiapas en materia de salud por 764 millones 408 mil 550 pesos, del ejercicio de 2015, por presuntas irregularidades financieras, aseguró el diputado federal de Morena, Guillermo Santiago.
El legislador explicó en su momento que esas anomalías fueron detectadas entre otros rubros, en las retenciones salariales de los trabajadores no pagadas (SAT, seguros institucionales, Fovissste) por 134 millones 203 mil 933 pesos.
También por la falta aplicación de fondos de programas orientados a la salud pública, “recursos no devengados o no comprobados” que ascienden a 209 millones 724 mil pesos; mientras que por gastos no comprobados es de 242 millones 254 mil pesos, abundó.
Además, indicó el diputado chiapaneco, en respuesta a la solicitud del pasado 9 de febrero la Auditoría indicó que se realizarán auditorías de fondos de aportaciones para servicios de salud y a los recursos de salud del programa Prospera, cuyos resultados se darán a conocer el próximo año.
afcl
