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A las 10:05 del 22 de abril de 1992 una serie de explosiones en el Colector Intermedio de Oriente en Guadalajara causó la muerte de 212 personas, 69 más están desaparecidas, se registraron mil 470 lesionados, más de ocho kilómetros de calles quedaron destruidas y resultaron afectadas mil 142 viviendas, 450 comercios, 100 centros escolares y 600 vehículos.
Hasta ahora no se ha comprobado con certeza quién o quienes fueron responsables de la tragedia y aunque funcionarios como Enrique Dau, entonces presidente municipal de Guadalajara, y Aristeo Mejía, funcionario del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado pasaron algunos meses en prisión, para Rosa María Alcanzar, una de las sobrevivientes de aquel miércoles de pascua, la verdadera justicia tiene que ver con no olvidar.
La primera explosión, en Calzada Independencia y Aldama originó un hoyo de 10 metros de profundidad que se fue abriendo paso a lo largo de distintas calles.
Pasaban las 10 de la mañana cuando Rosa María manejaba su auto por la calle Violeta del Sector Reforma, a las 10:15 llegó a la esquina de José Luís Verdía y en ese momento el colector estalló.
Creyó que había chocado: “me golpeé contra el volante y el parabrisas, creo que me desmaye, después sólo me acuerdo del dolor, cuando me estaban sacando”; los golpes le provocaron fractura de clavícula, varias vértebras rotas y aplastamiento de dos discos lumbares, lesiones que tardaron más de tres años en sanar y le obligaron a llevar un par de varillas en la espalda para sostener la columna.
Cuando la rescataron de entre los escombros escuchó la historia del dueño de un taller cercano que vio su auto volar por el aire, caer y ser aplastado por escombros.
“Era como una zona de guerra, nadie sabía lo que estaba pasando, a mi me dolían las piernas y la espalda, me pusieron en una tabla para llevarme en una camioneta particular al hospital”.
En su opinión, el 22 de abril sigue ocurriendo, ocurre para quienes están enfermos desde ese día, para quienes les amputaron una parte del cuerpo, para quienes murieron después por las heridas, para los que murieron ahí sin saber qué sucedió.
Dos días antes, vecinos de la calle Gante habían reportado que de las alcantarillas y los caños de sus casas salía un fuere olor a gasolina; los bomberos de Guadalajara y Protección Civil del Estado acudieron a revisar y señalaron que no había riesgo, incluso la mañana del 22 de abril, minutos antes de las explosiones, el jefe de los bomberos tapatíos, Trinidad López Rivas –hoy titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco–, insistía en que no había peligro; más tarde se sabría que ellos nunca utilizaron explosímetros para medir el riesgo.
Pero si las autoridades de entonces no supieron prevenir, tampoco supieron reaccionar: “a mi mamá la sacaron de su casa y le dijeron que caminara en una dirección y de repente vio mucha gente que venía hacia el lado opuesto; preguntó qué debía hacer pero uno de los elementos de Protección Civil le dijo que mejor tomara un camión y saliera de la ciudad porque ni ellos sabían qué estaba pasando”.
Incluso, ese mismo día, sin que se hubieran removido a mano los escombros para buscar más sobrevivientes, el entonces gobernador, Guillermo Cosío Vidaurri –que fue depuesto tras la tragedia– ordenó la entrada de maquinaria pesada para que el presidente, Carlos Salinas de Gortari, no viera la dimensión de la catástrofe al llegar a la zona.
A 25 años de distancia, algunos de los sobrevivientes de la tragedia, que no han visto cumplidas todas sus exigencias de justicia, intentan crear una comisión de la verdad integrada por por varios especialistas que durante un año harán investigación documental y de campo para erigirse como tribunal ético y emitir un veredicto.
ml
