La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado un total de 49 denuncias penales en contra de la administración de Javier Duarte de Ochoa por presuntos desvíos de recursos públicos detectado en auditorías.
De acuerdo con un documento de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF, como resultado de las revisiones de las Cuentas Públicas del 2011, 2012, 2013 y 2014, los primeros cuatro años de la gestión duartista, se presentaron las 49 denuncias.
El informe oficial, detalla que de la Cuenta Pública del 2011 hubo 10 querellas ante la Procuraduría General de la República; en 2012 se sumaron otras 19 denuncias penales en contra de funcionarios veracruzanos.
Para el 2013, los abogados de la Auditoría Superior de la Federación presentaron 15 denuncias más y para la Cuenta Públicia del 2014 fueron cinco querellas más ante autoridades federales.
En cuanto a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2015, el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública fue presentado ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el pasado mes de febrero de 2017.
Y en términos del artículo 28 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, no se ha ejercido la atribución relativa a la presentación de denuncias de hechos que deriven de dicha revisión.
Respecto a la Cuenta Pública de 2016, la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública actualmente se encuentran en desarrollo, por lo que las conclusiones relativas estarán contenidas en los informes individuales de auditoría que deberán ser entregados a la Cámara de Diputados, el último día hábil de los meses de junio y octubre y el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.
Y de acuerdo con los Reglamentos de la Auditoría Superior de la Federación, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 28 de febrero de 2011, 29 de abril de 2013 y 20 de enero de 2017, la atribución para presentar denuncias penales de hechos, no así para determinar montos de daños patrimoniales.
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