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La pisca de fresa en el Valle de San Quintín, al norte de México era la promesa de una mejor vida para Avelina Rodríguez y su esposo, una familia de indígenas Zapotecas que migró de Oaxaca para trabajar en los campos agrícolas localizados en Baja California.
La oferta era irrechazable: tendrían casa, agua y trabajo, todo lo que no tenían en la sierra oaxaqueña hace 20 años. Pero al llegar se enfrentaron a la realidad: las grandes empresas transnacionales sólo les ofrecían carencia y explotación.
“Se me vino la ilusión abajo cuando llegué aquí, todo era mentira”, recuerda Avelina, ahora de 49 años, una mujer de cuerpo firme y piel surcada por el sol. Durante más de dos décadas Avelina ha vivido en un pequeño cuarto en una comunidad sin servicios básicos. Su salario es bajo, no tiene seguro médico y sufre por la prepotencia de sus capataces.
Hace dos años se sumó al Movimiento Jornalero, el más importante de la última década en la lucha de los derechos de trabajadores del campo.
Grito de justicia. Era el mediodía del domingo cuando un centenar de jornaleros agrícolas de San Quintín arribaron en camiones a la frontera más transitada del mundo, la garita internacional El Chaparral en Tijuana.
Conmemoraban el segundo año de lucha a favor de los derechos de los jornaleros al sur del estado, cuando aquel 7 de marzo de 2015 iniciaron una huelga que paralizó el mercado de la fruta a nivel mundial.
Esta vez el objetivo es realizar un recorrido por los estados de Sonora y Sinaloa, hasta llegar al Monumento de la Revolución, en la Ciudad de México, para encabezar el Primer Encuentro Nacional de Jornaleros.
El Secretario General del Sindicato independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, Lorenzo Rodríguez, explica que las empresas estadounidenses que mantienen desde México el control mundial de frutos rojos, no deben seguir abusando de miles de hombres y mujeres que laboran en el campo.
Dos años de lucha. Avelina se tapa la mitad del rostro con un paliacate cuando habla durante el mitin en Tijuana. Denuncia que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid solapa las violaciones que se cometen en el valle, y que tras dos años de lucha prevalecen condiciones precarias como salarios de 80 pesos por 12 horas de trabajo y malos tratos.
Recuerda que una madrugada de marzo en 2015 los trabajadores del campo realizaron una huelga que costó más de 25 millones de dólares a empresas como Berrymex y generó eco en Estados Unidos con un boicot en las tiendas Costco y Walmart donde venden productos que se cultivan en Baja California.
Como respuesta a las protestas, cientos de jornaleros fueron detenidos y lesionados por los agentes. Tuvieron que trascurrir dos años para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revelara que las acciones cometidas contra jornaleros, como balas de goma, bombas de humo y lesiones, fueron injustificadas, y que más de 200 trabajadores fueron detenidos arbitrariamente por la Policía Estatal Preventiva (PEP) sólo por exigir un salario digno.
Avelina recuerda que después de las protestas y huelgas más de 3 mil fueron despedidos. Para ella la situación es la misma ahora. “Me dijeron que si venía a la manifestación me iban a despedir y con dignidad mejor yo renuncié”, expresa con coraje.
