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Unos 100 reclusos del Centro Federal de Readaptación Social número 2 Occidente, con sede en Puente Grande, Jalisco, iniciaron una huelga de hambre para protestar contra los presuntos malos tratos dentro del penal, pues argumentan que desde la llegada de José Vélez Laredo como nuevo director, en febrero pasado, la situación se ha agravado.
Por la mañana unos 50 familiares de los detenidos —en su mayoría mujeres— protestaron con cartulinas afuera del penal para exigir una audiencia con el funcionario, pero éste nunca salió; después de un par de horas los manifestantes se retiraron.
Tras la manifestación, organizaciones defensoras, como el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad y el Comité de Defensa de los Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria, señalaron que esta situación también coincide con la llegada de Salvador Camacho a la Coordinación de los Penales de Mediana y Alta Seguridad. El funcionario fue cesado de la Policía Federal por uso excesivo de la fuerza en Tanhuato y Nochixtlán.
Los familiares señalaron que alos presos les prohiben salir a la hora de la comida durante 20 o 30 días, les impiden hacer llamadas, entorpecen sus amparos, los obligan a adoptar posturas incómodas por largos periodos, los desnudan en presencia de custodias y les suspenden el acceso a la biblioteca o a talleres sin motivo.
Indicaron que no se garantiza que tengan empleo o actividades culturales ni existen condiciones para personas con alguna discapacidad; además, les cobran la atención médica.
Sobre el trato que reciben cuando acuden al penal a visitar a sus familiares, afirmaron que con el pretexto de realizar revisiones exhaustivas se les obliga a bajarse la ropa interior, lo que viola sus derechos.
Lénica Morales, integrante del Comité Enrique Guerrero Aviña, señaló que se exige que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emita medidas cautelares y acuda de manera inmediata al penal federal para constatar la seguridad física y sicológica de la población penitenciaria.
Recordó que la sobrepoblación en esta cárcel, “como en casi todas las del país”, se debe a la falta de garantías para generar igualdad de condiciones en la impartición de justicia.
En un comunicado, las organizaciones recordaron que muchos de los presos son inocentes y los procesos por sus casos duran años, “lo que también es una forma de tortura”.
“Las personas privadas de su libertad en Puente Grande viven un recrudecimiento de la violencia que se ha normalizado en estos espacios; los centros penitenciarios deben garantizar la seguridad de los internos y el respeto al debido proceso, esto no se logra mediante castigos irracionales, violencia injustificada y violación de los derechos humanos básicos”.
EL UNIVERSAL buscó la versión del penal, pero vía telefónica dijeron desconocer la huelga de hambre. También pidieron devolver la llamada hoy, “cuando regresara la persona indicada para dar la información”.
