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En México, cada año se registran cerca de 600 mil casos de violencia sexual y 90% de estos son cometidos contra mujeres, de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
De acuerdo con un estudio de este organismo federal, cuatro de cada 10 víctimas son menores de 15 años; sin embargo, las cifras pueden aumentar, pues se estima que 94% de las mujeres agredidas no denuncian.
En el diagnóstico, presentado el año pasado, se considera que la violencia sexual contra mujeres y niñas está normalizada en los estados, además, las autoridades encargadas de resolver estos casos en ocasiones revictimizan a las mujeres. Destacó que pese a los esfuerzos gubernamentales, hay aún un amplio desconocimiento por parte de los operadores del sistema de justicia penal (fiscales y jueces) en materia de los derechos de las víctimas de delitos sexuales que deriva en violencia institucional, lo cual atenta contra sus derechos humanos.
Aunado a lo anterior, agrega el estudio, al desconocimiento se suma la falta de sensibilidad, los escasos apoyos y recursos económicos asignados a instancias encargadas de atender y sancionar este tipo de conductas.
Para realizar el diagnóstico, la CEAV solicitó información a las dependencias y organismos encargados de la impartición de justicia en las entidades, así como de atender a las víctimas de violencia sexual.
Determinó que en las instancias a cargo de la procuración de justicia no hay datos precisos del lugar dónde ocurrieron los ataques, no se cuenta con desagregación por sexo ni se registran los antecedentes de violencia de víctimas ni de presuntos agresores; en algunos casos, los datos que aparecen son los de la persona denunciante y no de la víctima, sobre todo, en el caso de delitos cometidos contra menores de edad.
El estudio abarca 2010 a 2015, con un registro cercano a 3 millones de casos de violencia sexual, lo que equivale a mil 345 casos por día. Sin embargo, el reporte reveló que sólo se han iniciaron 83 mil averiguaciones previas para investigar este delito y sólo 10 de cada mil agresores han sido consignados ante un Ministerio Público para iniciar un proceso penal.
